“El cierre de la empresa Johnson Controls, es un caso más de impunidad de una industria que está en complicidad con el gobierno del estado”, así lo dejó en claro el economista de la UAP, Huberto Juárez Núñez.
El investigador aseguró que por ningún motivo esta empresa debió cerrar sus puertas argumentando problemas económicos sin antes demostrarlo ante las autoridades estatales como la Secotrade que preside Pablo Rodríguez Regordosa o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
No descartó que la complicidad llegue a tal grado que Johnson Controls reabra sus puertas pero cambiando de nombre a otra razón social o que opere de nueva cuenta en otras de sus plantas con la contratación de los más de 500 despedidos.
“Pienso que el gobierno tiene que mostrarnos que, en efecto, ha verificado que la empresa está en posición técnicamente de quiebra. No se trata de un acuerdo para golpear a los trabajadores para quitarse de encima a los sindicatos de protección como los de la CROM, CTM o FROC-CROC. Estamos nuevamente ante un caso de impunidad empresarial con la complicidad del gobierno del estado”.
Huberto Juárez precisó que “no basta con autodeclaraciones de pérdidas millonarias o de que ‘se dejó de ser competitivo y me voy a otro lugar’. Hay que demostrar ante un juez que hay pérdidas”.
Similitudes con Alcoa
El especialista en economía recordó que este caso tiene similitud con el cierre de la planta de Alcoa Fujikura, en 2008, pues ahora —como entonces— no se fundamentó la quiebra.
En ese año, el sindicato de Alcoa estaba asesorado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), pero una mañana comenzaron a liquidar al personal y la UNT sólo se limitó a “vigilar estrictamente el pago del liquidaciones”, señaló el investigador.
Asimismo, criticó la postura del gobierno estatal en torno a Alcoa, pues la postura de éste fue vigilar que el pago de liquidaciones fuera conforme a la ley y crearía opciones para los desempleados pero nunca se supo la realidad.
Indicó que en el caso de Johnson Controls se trata de una nueva imposición de una empresa que tomó la medida a los trabajadores y seguramente tiene pactos muy claros con los gobiernos panistas federal y estatal.
Cabe destacar que fueron los trabajadores de la empresa Johnson Controls quienes denunciaron que tras el anuncio del cierre de la empresa, las liquidaciones para los empleados no estuvieron apegadas a la ley laboral.
Fueron más de 500 trabajadores de esta empresa los que se quedaron sin trabajo y por lo menos no recibieron alrededor de 2 mil pesos correspondientes a sus prestaciones laborales establecidos por la ley.
Los empelados fueron citados en un hotel para que firmaran sus liquidaciones bajo presión de la empresa y sin el apoyo de su sindicato.
Destacaron una serie de irregularidades respecto a la liquidación del personal luego de que dicha compañía de origen estadounidense anunció el cierre de su planta en Puebla.
