Ante la aprobación de la reforma de la Ley Electoral, el pasado lunes, que permite el cambio de fecha de los comicios locales del 2013, acción realizada de forma acelerada por los diputados poblanos, el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) de Puebla, Germán Molina Carrillo, aseguró que la vía fast track utilizada por el Poder Legislativo, muestra que ese poder del Estado, más que abrirse a la discusión pública y al debate de los asuntos que interesan a Puebla, tiene un trato preferencial y una política de aprobar todo lo que venga del Ejecutivo.

Lo anterior, agregó el especialista en temas legales, es una mala señal, para un proceso electoral tan importante como el que tendrá la entidad poblana en el 2013, “creo que era importante reflexionar y establecer razones del cambio de fecha, los beneficios de la reforma aprobada y las consecuencias de cambiar la fecha de los comicios locales”.

Para Molina Carrillo resulta lamentable que no se observe oposición en el Congreso del estado, que en la actualidad, funciona como una oficina de trámite del poder Ejecutivo del estado de Puebla y una instancia que aprueba las leyes que le interesan al mandatario poblano, cuando hay otro tipo de iniciativas que ya esperaron muchos años en la “congeladora” y que no son retomadas, “pero lo hacen con ésta, que lleva el aval del gobernador y sale de manera directa”.

Ante eso, afirmó que en el Poder Legislativo, no hay un trato igualitario entre lo que presentan las fracciones partidistas con lo que presenta el Ejecutivo, “es lamentable que todo lo hicieron en un día, se analizó, se presentó, se votó y se publicará de igual manera, lo que deja ver que el próximo proceso electoral estará muy controlado y sujeto al ejercicio del poder, lo que puede dar lugar a una elección de Estado”.

Si con la aprobación de la reforma de la ley electoral, se violó la legislación, agregó Molina Carrillo, es importante que exista una postura de la sociedad civil, de las universidades y de las agrupaciones políticas de Puebla, que pueden plantear cuestionamientos, controversias y hasta un amparo en contra de la reforma aprobada el pasado lunes 3 de septiembre.

Acción de inconstitucionalidad
Para el director general del ICI sí es posible emprender una acción de inconstitucionalidad de la reforma, con el argumento de que no se agotaron los procedimientos, pero la pregunta es qué partido político o qué entidad la puede plantear, porque debe existir una justificación, “pero este tipo de albazos y resoluciones al vapor, demuestran que los legisladores no cuidan las formas”, por lo que recomendó un análisis de fondo y una justificación objetiva.

Lo importante de la vida democrática del país, apuntó Germán Molina Carrillo, es que los partidos políticos decidan por medio de una consulta a la sociedad, porque en materia electoral, hay que ser cuidadosos de las formas y de los tiempos, porque de lo contrario, se entiende que mandan una mala señal.