La lucha en contra de la privatización del agua en el estado de Puebla continúa.
Tres son las vías que tienen los activistas en contra de la privatización del agua por parte de la Asamblea Estatal del Agua: en primer lugar, la vía de los amparos en contra de las reformas a la Ley Estatal del Agua; la vía de la controversia constitucional que debe promover el Poder Ejecutivo, ya que la reforma invade la competencia del Ejecutivo Federal para concesionar el agua; y el camino de la movilización popular.
Otro argumento presentado por la Asamblea Estatal del Agua es que el SOAPAP no se encuentra en quiebra, sino que su situación financiera es favorable, por lo que es inexplicable porqué el gobierno del estado quiere concesionar este servicio.
El abogado Gilberto Montalvo, de la Asamblea Estatal del Agua, explicó que en el más reciente estado financiero del SOAPAP al 30 de septiembre de 2013 se reportaron activos por un monto de 9 mil 316 millones 620 mil 401 pesos con 20 centavos ($9,316’620,401.20 MN)
Uno de los argumentos que adujeron los diputados en la sesión del 12 de septiembre, cuando aprobaron la privatización, es que el SOAPAP está “quebrado”.
Con documentos en mano, el abogado de la asamblea social del agua mostró como la cifra de activos ha ido en ascenso, puesto que para el 31 de diciembre de 2012 los activos del SOAPAP alcanzaban los 9 mil 140 millones 222 mil 103 pesos.
Lo que significa, señaló el abogado del movimiento social antiprivatización, que se aumentaron los activos por cerca de 100 millones de pesos.
El abogado Montalvo explicó que en el concepto de deudas por cobrar el SOAPAP, el organismo operador cuenta con 3 mil 229 mil millones 86 mil 598 pesos con 16 centavos.
Sin embargo, señala que esta cifra rebasa el doble de la inversión resultado de la privatización de los servicios del agua que recibiría el SOAPAP, cerca de mil 500 millones de pesos
El abogado, con las cifras de estos reportes, calificó de “absurdo” la privatización del servicio de agua debido a que esto es como si alguien le deben mil pesos y en lugar de cobrarlos, pide prestados otros 500.
“Lo que demuestra”, insistió el abogado, “es que el SOAPAP cuenta con capacidad financiera, y no se ve entonces porqué se busca concesionar el servicio de agua”.
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En la vía de la controversia constitucional, un órgano de gobierno disputa con otro nivel de gobierno debido a la invasión de funciones, en el caso de las reformas a la Ley Estatal del Agua, señaló el abogado es atribución del Ejecutivo Federal la concesión de un bien público como el agua, por lo que en este contexto el gobierno del estado estaría invadiendo la competencia del Gobierno Federal.
Montalvo señaló que bajo este supuesto, la legisladora federal Roxana Luna Porquillo estaría impulsando desde San Lázaro un exhorto para que el Ejecutivo interponga una controversia constitucional al respecto, explicó el abogado de la Asamblea Estatal del Agua.
El abogado resaltó que la vía de los amparos en un principio los jueces fallaron a favor de la causa en contra de la privatización del agua, sin embargo su visión, debido a presiones políticas, se ha modificado:
“Sabemos que la visión de las jueces en un principio fue de dar la razón a la causa, que se atenta con la concesión, pero suponemos que hubo presiones políticas para que se retractaran, por lo tanto, no queda más que la presión social para que los órganos jurisdiccionales resuelvan conforme a derecho”.
Las opciones que vislumbra el abogado es recurrir, en caso de que la justicia nacional falle en contra de los amparos, a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en una primera instancia, y después la Corte Interamericana.
Como se recordará, el pasado 12 de septiembre el Congreso local aprobó la privatización del servicio del agua y le quitó al Congreso la facultad de fijar las tarifas del agua para que sean los particulares quienes determinen las tarifas del servicio.
Ante una “ola de amparos” en contra de la privatización del agua, el Congreso local rectificó parcialmente la medida y derogó que los particulares determinen la tarifa del servicio.
La medida, además de acciones legales ha generado varias marchas de protesta en contra de la privatización del servicio del vital líquido.
