El gobierno de Puebla ocultó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que los elementos policíacos involucrados en la muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo y lesiones a pobladores de Chalchihuapan se encuentran libres.
En un reporte solicitado por la CNDH en poder de Intolerancia Diario, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) no informa ni una palabra de la libertad bajo fianza de los uniformados.
Todo a pesar de que el organismo garante de derechos humanos en México, solicitó el estatus de los procesos interpuestos contra los servidores públicos, incluyendo a los policías estatales sobre el caso Chalchihuapan.
Las copias de los documentos fueron obtenidos por este reportero mediante la solicitud de información folio Infomex 29115 a la CNDH, bajo la ley de transparencia.
El organismo nacional solicitó la información o estatus de los procesados el 30 de enero de 2015 en el folio 04040 del expediente de la recomendación 2VG/2014 por la violación grave de derechos humanos.
Esta recomendación fue girada contra el gobierno de Rafael Moreno Valle, luego de que tras una investigación se determinó la responsabilidad de autoridades en un violento desalojo de manifestantes.
Fue el 9 de julio de 2014, cuando por medio de la fuerza, elementos estatales desalojaron de la autopista Puebla-Atlixco a manifestantes de Chalchihuapan, dejando como saldo decenas de heridos, nueve de gravedad y la muerte del niño José Luis.
A casi un año de los hechos, únicamente se encuentran en prisión tres pobladores, entre ellos el presidente de dicha junta auxiliar, Jairo Javier Montes Tamayo, a quienes a diferencia de los policías estatales, no se les ha concedido la libertad bajo caución.

Verdades a medias

En el oficio 4070 girado, el 29 de enero de 2015, al fiscal especial para el esclarecimiento de los hechos en Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo la CNDH solicitó el estatus que guarda la averiguación previa 04/FECH/2014.
Además, solicitó las diligencias que faltaban hasta entonces para que terminara la indagatoria y el tiempo estimado para ello.
Asimismo, solicitó al gobierno poblano la información de la consignación de los probables responsables, y en su caso señalar las fechas de la consignación ante un juez y los nombres de los detenidos.
Además, se solicitó la copia del procedimiento administrativo en contra de seis elementos policiacos, luego de que se abrió la queja ante el control interno de la PGJ 110/2014/VSTJ.
En la respuesta a la solicitud de la CNDH, dirigida al sexto visitador José Zamora Grant, nunca se menciona que seis policías estatales que habían sido detenidos en octubre de 2014 por sus presuntas responsabilidades, salieron libres bajo fianza.
El oficio PGJP/FECH/0112/2015 fue firmado por el fiscal especial del caso Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo, donde se concreta a informar sobre las averiguaciones previas abiertas, sin más detalles.
Se limita a informar a la CNDH que el 16 de octubre de 2014 se ejerció acción penal en contra no solo de seis uniformados, sino también de seis pobladores de la junta auxiliar.
“En decir, algunos de los hechos a que se refiere la denuncia que formuló esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya fueron materia de consignación ante el juez tercero penal en el distrito judicial de Puebla, tales como el homicidio del menor”, indica el fiscal especial.
Señala que además fueron detenidos por falsedad de declaraciones y lesiones en agravio de civiles que fueron atendidos el día de los hechos sin que se agotara la denuncia.
Además, reconoce en el documento girado el 11 de febrero de 2015, que no se han recabado la totalidad de los testimonios, debido a que los pobladores están reticentes contra las autoridades estatales.
Se detalla, que solo se había obtenido hasta entonces el testimonio de nueve personas, seis de ellos víctimas de los hechos, cuyos nombres fueron protegidos por la CNDH, además de 49 elementos policíacos.
Informa que no ha sido posible hacer investigaciones de campo para fortalecer o demeritar los testimonios, debido a que cada vez que van a Chalchihuapan las autoridades, se prenden las alertas y tocan las campanas los pobladores, por lo que prefieren no entrar por seguridad.

***

En su respuesta, el fiscal especial para el esclarecimiento de los hechos del caso Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo, nunca informó que los elementos policiacos que salieron libres al cambiar las acusaciones de graves a no graves.
De nada sirvió la imagen en vídeo de Martín Xelhua Romero con una herida circular en la mejilla izquierda para evitar que los uniformados salieran libres
Esta imagen fue una de las primeras que permitió conocer el impacto del violento desalojo en Chalchihuapan.
La herida le fracturó los huesos de la cara, le destrozó lengua, cuerdas vocales y los molares izquierdos. El hombre perdió el habla.
La fuerte lesión le costó por lo menos cuatro operaciones, además de la pérdida del habla por más medio año, además de que ahora sufre diabetes.
Tampoco sirvió que Hugo Jiménez Varela perdiera un ojo cuando una lata de gas lacrimógeno le golpeó en el costado izquierdo del rostro.
En su recuperación gastó alrededor de 100 mil pesos, pero lo que ya no regresará será la visión nunca.
Mucho menos sirvió la muerte del niño de 13 años de edad José Luis Tlehuatle Tamayo, lesionado por otra lata de gas lacrimógeno lanzada por los policías estatales.
Ninguno de los nueve lesionados del enfrentamiento en Chalchihuapan, a decir de la Primera Sala en Material Penal del Distrito Judicial de Puebla, se le puede calificar como lesión grave.
Por eso tras la revisión del auto de formal prisión que se dictó a los seis policías detenidos los magistrados Amador Coutiño, Arturo Madrid y Daniel Baltazar decidieron modificar de “grave” a “no grave” las agresiones.
Los togados aseguraron que son lesiones que no tardan en sanar más de 15 días, lo que permitió que los uniformados pudieran salir bajo fianza y seguir su proceso fuera del penal.
De acuerdo con Abraham Torres, vocero del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), la modificación al auto, también se le quitó el calificativo de “grave” al delito de “falsedad de declaraciones”.
De este modo Juan Máximo Jiménez, Francisco López Domínguez, Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez y Luis Bernardo González Santos pudieran pedir su libertad bajo fianza la madrugada del 24 de diciembre de 2014.
A Juan Máximo y Francisco López, acusados de ser responsables de la muerte de José Luis, se les modificó el delito de “homicidio doloso” por el de “homicidio culposo”.
A decir de los magistrados no llegaron a la manifestación con la intención de matar al menor, sino de dispersar la concentración.
Por lo tanto, los magistrados eliminaron del auto que dictó inicialmente el Juzgado Tercero Penal —en el proceso 439/2014— todo vestigio de gravedad en los delitos cometidos.