El Congreso del Estado paga a la empresa de seguridad privada “Autoritas” por el resguardo de las oficinas más de un millón de pesos al año, con el compromiso de tener personal capacitado, sin embargo, ante los acontecimientos de la semana pasada, la Junta de Gobierno podría anunciar la rescisión del contrato.

De acuerdo con la página de la empresa que obtuvo el contrato mediante adjudicación directa al haberse declarado desierta la licitación pública  en 2019 en el Comité de Adquisiciones.

Fue el mismo anterior comité el que evaluó tres propuestas que fueron presentadas a la Junta de Gobierno que presidía Gabriel Biestro Medinilla la que seleccionó a la empresa con oficinas corporativas en Puebla.

La publicidad en la página de la empresa señala “somos una empresa de Seguridad Privada dedicada a proteger y eliminar riesgos en cada espacio de tu negocio con ayuda de un análisis de riesgo que realizamos en tu negocio o empresa para así brindarte un excelente servicio cubriendo tus necesidades y superando tus expectativas”.

“Autoritas” asegura “nos especializamos en el resguardo de oficinas corporativas, locales comerciales, empresas e industria. El cuidado y protección de estos entornos mejora el desempeño logístico y estratégico de su negocio, al tiempo que reduce pérdidas y malos manejos”.

Y en el tema medular que es el personas precisa “Al contratarnos, le garantizamos la presencia de elementos altamente capacitados sin falta, servicio de supervisión diaria y evaluación continua del servicio para fines de calidad en el servicio”.

De acuerdo con el Comité de Adquisiciones el monto anual que paga el Congreso del Estado es cercano al millón de pesos por la vigilancia de los edificios de la 5 Poniente 128, y 8 Oriente 216 conocido como “Mesón del Cristo" que fue entregado en comodato en septiembre de 2012 por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

La última palabra

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Garmendia de los Santos, aclaró que las investigaciones de los hechos las lleva la Fiscalía, y hasta ahora se ha comprobado que ningún documento fue sustraído del lugar.

Señaló que esta semana en la reunión de la Junta, los representantes de los grupos legislativos decidirán si mantienen o no el contrato con la empresa, ya que es esta la que debe responder por su personal.

Las tres llamadas

De acuerdo con el teléfono del vigilante que causó los daños, fueron tres llamadas las que se recibieron la noche de los hechos, y salieron de números registrados en la Ciudad de México.

En sus primeras declaraciones el guardia señaló que pensó que era su jefe hablando desde la Ciudad de México, quien le dio instrucciones forzar todas las puertas, y romper un cristal para ingresar a las oficinas.