Una promesa de campaña de los actuales diputados locales —principalmente de la Alianza por Puebla— fue el cambio en la forma y el fondo de legislar.

Estaban hartos de la aplanadora priista y de la obediencia ciega del gran legislador en el que se convertía el gobernador. A casi dos años de asumir el cargo, la situación sólo cambio en las personas pero los vicios se mantuvieron.

El análisis realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (ceey) al desempeño de la lviii Legislatura del estado de Puebla en 2011 no tiene desperdicio. Para empezar, su técnica legislativa y especialmente el reglamento con el trabajan los diputados del cambio, no les sirvió más que para obtener una calificación de 6.3.

En el desempeño institucional, la Legislatura poblana alcanzó una calificación de 7.3 y en la calidad de la actividad legislativa obtuvo una nota de 5.4 en una escala de uno a 10.

Aquí están para llorar.

Y peor aún, para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias en el Congreso local existen claroscuros dentro de los procesos legislativos que revelan la necesidad de una mayor interacción entre legisladores y población.

En 2011, la Legislatura local se caracterizó por una alta cohesión de los grupos parlamentarios, que los diputados asisten con regularidad y puntualidad a sus sesiones, y que no incurren en interferencias que obstruyan el cumplimento de las funciones del órgano legislativo. Pero gran parte de lo que sucede en estos procesos no se hace público, además muchas iniciativas se discuten y aprueban sin la debida deliberación de los diputados presentes en el pleno y sin la participación de la ciudadanía.

De verdadera vergüenza.

En materia de transparencia, el portal del Congreso aún presenta deficiencias importantes. Los especialistas recomiendan incluir las minutas de las discusiones tanto en comisiones como del pleno.

Bajo este panorama, los especialistas coincidieron en la urgencia de que el Congreso de Puebla aborde con mayor detenimiento lo relativo a su técnica legislativa, en especial su reglamento, modificado durante 2012 y que está en análisis para el siguiente periodo de evaluación.

Lo anterior permitirá incrementar la calidad regulatoria y de estándares, de trabajo de los dictámenes y en general de su argumentación de constitucionalidad.

Desafortunadamente, los legisladores durante 2012 se comportaron peor que el año pasado.

Esperemos la evaluación para ratificar que los actuales diputados van de mal en peor.