“No hay fecha que no se cumpla” ni “iglesia a la que le llegue su fiestecita”, y se lo comento porque el próximo viernes 31 de enero se cumplen seis años del violento asesinato del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez y del secuestro del también empresario Antonio Ramírez Rodríguez, y no podría haber mejor “cuelga” que la “justicia de los hombres” le ajustara las cuentas a tres de los principales protagonistas que desde el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel aguardan el fallo del Tribunal Primero de lo Colegiado, donde dos de los detenidos solicitaron el amparo directo a la sentencia dictada por el Juzgado Primero de lo Penal y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, de 36 y 41 años de prisión.
Y será este día cuando se dé a conocer el fallo que podría mantener en prisión por muchos años a José Días Salinas, José Carlos Quiterio y Rolando Contreras Chang, o que los podría beneficiar. Fallo que es seguido muy de cerca por el gobierno de Puebla debido a la máxima de esta administración de que “nadie puede estar por encima de la ley”, aunque la determinación ya no está en sus manos.
De cualquier manera, la nueva administración federal tiene una consigna y, más que consigna, una deuda con los mexicanos y por lo mismo una promesa: la de erradicar la delincuencia de suelo mexicano y regresar la paz en todo el país; y no existe mejor cumplimiento que cerrar la puertas que mantienen encerrados a quienes han cometido delitos graves y tirar la llave. Esto, claro, cuando se hayan agotado todas las instancias legales para demostrar la culpabilidad de un sospechoso.
 
Secuestro, homicidio, abuso de autoridad
El jueves 31 de enero de 2008 en la ciudad de Puebla fue cometido un crimen desde el edificio donde se administraba justicia.
Ricardo Ramírez Rodríguez, un hombre sano, fue conducido a los separos de la que era la Policía Judicial del Estado (PJE). Quienes lo llevaron lo sometieron a torturas que lo llevaron a morir como consecuencia de una bronco-aspiración, debido a que se ahogó con su propio vómito y el agua que le obligaron a tragar para poder arrancarle una confesión que sirviera para justificar su detención.
Cuando los judiciales que llevaron a “interrogar” a su detenido se dieron cuenta que había muerto, entonces dieron aviso a sus superiores inmediatos y éstos a los de mayor jerarquía, y, por extraño que parezca, todos se confabularon para esconder el cuerpo de su víctima a sus familiares mientras fraguaban cómo proteger a los judiciales criminales.
Mientras esto ocurría, Antonio Ramírez, el segundo “levantado” la tarde del 31 de enero, había logrado escapar de sus plagiarios, lógicamente personal de la Policía Judicial de Puebla, quienes ya le habían advertido que lo iban a desaparecer porque estaban enterados de que su hermano había muerto y no querían dejar “cabos sueltos”; para ese momento los homicidas ya no pretendían los 500 mil pesos que antes le habían pedido para liberarlo a él y a su hermano; el secuestro exprés les había fallado.
Tras escapar, Antonio Ramírez utilizó todos sus recursos posibles para encontrar a su hermano, incluso fue al antiguo edificio de la PGJ, donde preguntó por él y se lo escondieron.
Cuando lo encontró, la entonces procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, se valió de todos los recursos del gobierno del estado para proteger a todos los implicados en ese crimen desde los autores materiales hasta los que participaron por omisión y por corrupción. Sólo tres de sus “consentidos” no los pudo salvar y esto la llevó, el 6 de marzo de 2008, a presentar su renuncia “por motivos personales”.
Un hombre muerto, dos necropsias que le fueron practicadas, las huellas de lesiones que no se pudieron ocultar, la declaración de un testigo —y a la vez víctima— que logró salvar su vida, son las pruebas que existen contra los tres exservidores públicos de la pasada administración, quienes en un momento fueron verdugos y ahora se dicen víctimas de los “periodicazos”.
Nos vemos cuando nos veamos.