El distrito de Atlixco es en estos momentos uno de los focos rojos de más inmediata atención por parte del gobierno del estado y federal, por ser la zona donde más hechos de violencia se han dado y donde se presume la presencia del crimen organizado.
Es donde han aparecido cuerpos decapitados, mutilados, ejecutados y donde mayor actividad en investigación mantiene la Procuraduría General de Justicia de Puebla, además de la General de la República, sin dejar de mencionar las fuerzas castrenses e incluso la presencia de la Marina.
No sería entonces extraño que la red delictiva que pueda moverse en la zona necesite de información sobre todas las actividades policíacas de la zona, para conocer cómo van las investigaciones de las ejecuciones, secuestros, levantones, entre otros.
Le comento lo anterior porque en las filas de la comandancia de la Policía Ministerial del Estado (PME), a cargo de Ángel Martínez Fernández, se ha enquistado una mujer que no trabaja ni en la PGJ ni en la Ministerial y que se hace pasar como comandante o agente del Ministerio Público, como bien le convenga.
Se trata de Carla Ivone Patricia García, alguna vez con el cargo de secretaria en la Policía Ministerial del Estado, y dada de baja por alguna circunstancia desconocida.
Esta mujer tiene el acceso para ingresa a la comandancia o a la delegación del Ministerio Público, de acudir a los levantamientos de cadáver o investigaciones de homicidios.
Por separado —ella sola— se entrevista con familiares de agraviados, donde no sólo obtiene información, sino que además es la "encargada" de pedirles para la "gasolina".
Se trata de una persona fuera de las instituciones de justicia que se abastece de información.
‎¿Para quién?

 

‎El Vaticano de los Ceresos de Puebla


La semana pasada, para ser precisos la mañana del pasado 24 de febrero, en el patio de la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula, la directora del Cereso regional, María del Consuelo Reyes Rojas, sobre quien pesa un alud de señalamientos por hechos de corrupción que han sido expuestos ampliamente por diversos medios de comunicación, convocó a una conferencia de prensa y finalmente resolvió salir al paso para negar de manera categórica todo lo que se ha publicado de ella.
Como era de esperarse, la funcionaria municipal negó rotundamente que en el Cereso a su cargo existan vicios e irregularidades, como ha sido publicado ampliamente durante semanas.
En pocas palabras, dijo que tanto ella como sus dos subdirectores, el administrativo Rodolfo Rivera Zahuita y el de Seguridad y Custodia, Cuauhtémoc Alossio Chávez, son unas madres de la caridad, que casi casi cada uno de ellos cuenta con un par de alas en buenas condiciones y que el tráfico de drogas, alcohol y la red de prostitución fue un cuento surgido de las mentes delirantes de los reporteros y corresponsales que cubren la fuente de seguridad pública en diarios y medios de divulgación digitales.
Sin embargo, de ser todo una mentira, sería muy interesante que la abogada María del Consuelo Reyes Rojas explicara entonces por qué razón la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado ha tenido que meterse a fondo en el orden y en la reestructuración al interior del penal.
Si todo fue un invento de la prensa, ¿por qué la secretaría separó y trasladó a diferentes penales a todos quienes estuvieron mencionados como parte de la productiva red de prostitución que fue montada al interior del reclusorio?
No sólo a las reclusas colombianas, sino también a la pareja de internos que movían la logística al interior del reclusorio para promocionar y cobrar a los clientes por estos favores sexuales.
Después de todo, el gobierno del estado ya hizo lo que le tocaba, ahora sólo al gobierno municipal le toca abrir una investigación y ver el tema de las responsabilidades en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
¿Se atreverá el contralor municipal, Leopoldo García, a averiguar qué fue realmente lo que ocurrió en el Cereso?
Nos vemos cuando nos veamos.