El violento asesinato del empresario José Manuel Herrero Arandia y de su esposa, María Cristina Carvajal, no fue como consecuencia de un intento de asalto de un intento de secuestro, fue una ejecución.
Los sicarios que privaron de la vida al matrimonio llegaron a Tehuacán procedentes de otros estados a cumplir el mandato de “dar piso al matrimonio”, sin que se pueda precisar quién era el blanco y quién la victima circunstancial, de hecho a los dos les dispararon al tórax y cabeza, como “tiro de gracia”.
De quiénes y cuántos eran los que dispararon aún no se sabe, hay quienes dicen que fueron utilizados un vehículo y una motocicleta, que los tiradores se movieron en dos flancos, lo que de un inicio indicaba que no se trataba de un intento de robo o de secuestro, sino de un crimen.
La detención de dos de los “autores materiales”, además de otros cuatro presuntos cómplices, es el principal indicativo de la descomposición que se vive en Puebla en materia de seguridad y la complicidad o negligencia del gobierno para reconocer que “ya están aquí” y operan en total impunidad.
Pero aquí, en este caso, lo más importante y lo que el procurador no ha querido reconocer es por qué asesinaron al empresario y a su esposa.
¿Fue algún tipo de venganza política, personal, de mafiosos?
¿Qué sabia el empresario para pretender silenciarlo?
¿Por qué para su ejecución fueron movilizados sicarios de otros estados?
¿Por qué el Cartel de la Nueva Generación de Jalisco?

¿Qué alto personaje está implicado en ordenar el doble crimen?


Le vino como “anillo al dedo” el Nuevo Sistema de Justicia Penal al procurador Víctor Antonio Carrancá Bourguet, para poder escurrirse de las preguntas de reporteros, preguntas que a usted y a un servidor que vivimos en Puebla son importantes para poder saber que en Puebla a qué nos estamos enfrentando.
Si la muerte del empresario y su esposa fue como consecuencia de una orden directa, se debe saber quiénes la dieron y por qué.
Seguramente en este crimen debe de estar implicado un alto personaje, ya sea de la política o de las empresas, incluso un “capo”, de otra forma no se hubieran utilizado sicarios de otros estados, como una selección de “malditos” para cumplir la orden de liquidar a un matrimonio que siempre dio un buen ejemplo.

Con sombrero ajeno


Da pena que una institución como la Procuraduría General de Justicia de Puebla se adjudique un “brillante esclarecimiento”, cuando en realidad se trata de un “chiripazo”, algo así como un “portero con suerte” que para un penal con la punta del dedo gordo del pie y se hace llamar “porterazo”.
La detención de los seis presuntos sicarios, once en total, fue como consecuencia de una acción de prevención del delito en León (Guanajuato), como ocurre en Puebla, cuando la policía detiene a hombres que portan armas sin licencia.
Así ocurrió, por prevención fueron detenidos los sospechosos, luego salió a relucir que estarían a punto de cometer un crimen y que a su víctima la estaban vigilando, como ya lo habían hecho en Tehuacán.
Lo que siguió fue puro trámite, un grupo especial de la Policía Ministerial del Estado se traslado a León (Guanajuato) para traerse a los detenidos, de los que se dijo son nueve no seis, pero estos llegaron primero porque ya habían pagado sus respectivas fianzas, porque les iniciaron proceso por portación ilegal de armas, algo así como tres años de prisión o en “la escuela” como ellos le llaman.
Los primeros seis llegaron durante la madrugada del sábado, el lunes llegaron otros tres, todos con la etiqueta de investigación “por delincuencia organizada”.
El procurador estaba urgido de recorrer el telón de un caso que no estaba del todo claro, como para “justificar el bolillo”.
¿Por qué si es el único sobreviviente de la primera ronda de servidores públicos del equipo del gobernador?
El caso aún no está cerrado y la sociedad merece saber qué fue lo que paso en Tehuacán, cuáles fueron los motivos y, lo más importante, quién ordeno la ejecución.
Nos vemos cuando nos veamos.