La liberación de los hermanos Primo y Albino Tlachi, encarcelados por oponerse al proyecto del parque de Intermunicipal o de las Siete Culturas.  Y la exoneración de Enedina Rosas Vélez, mujer de la tercera edad, quien se encontraba bajo un proceso penal arraigada en su casa, por su oposición al gasoducto, dejan en claro que en Puebla se fabrican delitos para acallar las voces disidentes al gobierno estatal.
El pasado 10 de diciembre de 2014. En este mismo espacio publique una artículo titulado: Carrancá y su próspera fábrica de delitos y que hoy cobra mayor relevancia.

La fábrica de delitos disfrazada de Procuraduría de Justicia es hoy por hoy el instrumento principal del Señor de las Balas para frenar la inconformidad de miles de poblanos.
Los presos políticos no sólo existen, sino que abundan.
Los tres presidentes auxiliares que hoy se encuentran tras las rejas (Canoa, Chalchihuapan y La Resurrección) por delitos fabricados son las cabezas visibles, pero detrás de ellos existe cuando menos medio centenar de poblanos en condiciones similares.
El caso más reciente lo vivimos el pasado viernes, cuando el presidente auxiliar de Canoa, Raúl Pérez Vázquez, obtuvo un amparo de un juez federal, quien le otorgó su "inmediata" libertad, toda vez que le fijó una fianza de 20 mil pesos, beneficio que el juez penal le había negado, por órdenes superiores.
La tarde de ese viernes, el amparo otorgado llegó a manos del juez penal, el cual de inmediato notificó al Presidente del Tribunal Superior del Estado, Roberto Flores Toledano, quien notificó tanto al jefe de asesores del gobierno estatal, Juan Pablo Piña, como al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado.
Evidentemente, la noticia llegó hasta Casa Puebla, desde donde salió una orden tajante: ese señor no sale y hagan lo que se tenga que hacer.
Evidentemente, el amparo los tomó por sorpresa, lo que provocó que entraran en acción inmediata tanto la Procuraduría de Justicia como el Tribunal Superior, para poder fabricarle un nuevo delito que impidiera su salida.
De esta forma, los empleados del Juzgado Penal alargaron en el Cereso de San Miguel los trámites, mientras los fiscales de la PGJ, bajo el mando del inefable Víctor Carrancá, prepararon la consignación.
Al filo de la media noche, en una camioneta tipo van blanca, fue trasladado el presidente auxiliar de Canoa hasta las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, en donde se preparó la consignación, la cual generó una rápida orden de aprehensión firmada por un juez penal.
De esta forma, simularon el cumplimiento del amparo al generar la salida del penal del procesado, aunque realmente sólo ganaban tiempo para fabricarle el nuevo delito.
Así las cosas, cerca de las cuatro de la mañana, la camioneta blanca tipo van reingresó al Cereso con el presidente, pero ahora en calidad de detenido por un nuevo delito.
Por increíble que parezca, el presidente de Canoa estaba recluido en el penal de San Miguel por el robo de un celular, con base en elementos de prueba francamente absurdos y hasta ridículos.
No conformes con haberlo recluido por ese supuesto robo de celular, tras la obtención del amparo, en unas cuantas horas le fabricaron un nuevo delito, ahora por un supuesto abuso de autoridad.
Lo más grave del caso es que, como este delito tampoco se considera grave, el Ministerio Público se negó a solicitarle al juez que se le determinara una fianza, lo cual lo tiene nuevamente preso.
Y como es muy probable que vuelva a obtener un amparo federal, ya se habla entre los pasillos de la PGJ de que le están fabricando una violación, para lo cual están buscando a la mujer que se preste a señalar al presidente de Canoa como su agresor sexual, a cambio de una carretada de billetes.
Y al igual que el presidente de esta junta auxiliar, están los casos de los ediles de La Resurrección y Chalchihuapan, y los de muchos activistas que en su momento se atrevieron a denunciar y marchar en contra de los excesos del poderoso Señor de las Balas.
La represión morenovallista ha rebasado los límites de lo permisible y, lamentablemente, esto parece no tener fin.
De momento, también se habla de que ya preparan nuevas órdenes de aprehensión en contra de los líderes de los movimientos que amenazan con seguir denunciando los abusos del gobernador.
Habrá que ver si la CNDH reaparece en Puebla para investigar, junto con otros organismos internacionales, lo que es una constante violación a los derechos humanos de los poblanos.
Y tienen que ser organismos externos, porque en Puebla hasta la oposición es cómplice de este gobierno represor.
¿O acaso usted recuerda a algún diputado local priista que haya levantado la voz por sus presidentes presos?
De esta forma, la liberación de más presos políticos demuestra que la justicia poblana no tiene elementos jurídicos para mantener en la cárcel a quienes su único delito es disentir del gobierno estatal.
Así la represión termina con un usted disculpe, como si el daño moral y el tiempo en prisión se pudiera reponer y todo por un mandato de un represor.