Cuando agentes de la Policía Ministerial del Estado se presentaron a la Privada Yucatán 209 para atender una llamada de auxilio, lo hicieron porque a las instalaciones de la corporación llegó un vecino de esa misma privada, pidió auxilio porque su amiga Ingrid era perseguida en su propia casa por su inquilina, que cuchillo en mano le gritaba que la iba a matar.
Los agentes tocaron la puerta y quien les abrió fue Alicia Pérez y Uriarte, la mujer adulta que desde 10 años se adueñó de esa propiedad, ahora ni siquiera paga la renta.
La mujer adulta les "agradeció" que hayan acudido a "rescatarla".
Los investigadores le aclararon que la queja era en su contra y la mujer adulta se encerró en la propiedad, mientras que Ingrid acudió en calidad de víctima a presentar denuncia por lo que le había ocurrido.
‎Y entonces Ingrid fue víctima de malos tratos por parte de una mujer que auxiliaba al Ministerio Público, a grado tal que le retrasaron la atención del psicólogo, para que le revisara el estado emocional en el que se encontraba.
Para no agregarle más, sólo le comento que el expediente AP/155/2015/DMS-3, por delitos de privación ilegal de la libertad y otros le fue "extraviado".
‎Pero Ingrid no permitió tantos atropellos, desesperada, todavía asustada y ahora molesta acudió a las oficinas del procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá, y fue atendida de inmediato.
Antes de seguir con este relato, le quiero comentar que la señora Alicia Pérez y Uriarte, en esa misma propiedad que se quiere apropiar, además de que no paga ni siquiera la renta, colocó una especie de fondita, donde sus principales clientes eran empleados de la Procuraduría General de Justicia, por lo que muchos del edificio que esta a espaldas de la casa en cuestión la conocen bien.
Y resultó que el expediente "desaparecido" tomó otra dirección y se fue a la Mesa de Trámite de la Delegación Norte.
De seguro con esta breve historia el lector deberá pensar que nuestro personaje Alicia Pérez y Uriarte no debe tener dinero para pagar la renta de la casa del 209 de Privada Yucatán.
Pero le comento que la señora adulta renta habitaciones para estudiantes, la mayoría provenientes del Colegio Benavente, donde su hermana María Isabel Pérez y Uriarte es catedrática.
Por cierto, varios de estos estudiantes han denunciado que pese a que van al corriente con sus pagos de pensión, son lanzados de la casa pero sin sus equipaje, donde van además de sus ropas, sus valores.
Y le comento que este tipo de denuncias se han presentado en la Delegación Centro del Ministerio Público, donde a las víctimas ‎o no les reciben sus quejas o los amenazan para que se vayan.
Pero le sigo relatando que la señora Pérez y Uriarte no sólo tiene el efectivo necesario para respaldar la renta, cuenta además con su hijo Carlos Rodolfo Gómez Pérez, quien además de tener una empresa llamada Demmsa, ubicada en el kilómetro 8.5 de la carretera federal a Atlixco, es su fiador.
Además de su hija Alicia Gómez Pérez, quien tiene una propiedad en el fraccionamiento La Vista Country, que renta, porque ella vive en León (Guanajuato).
‎Con todo este tipo de apoyo moral y económico que tiene dona Alicia Pérez, no es posible que se piense que esta mujer no tiene con qué pagar la renta, lo que Ingrid, la afectada, teme es que se la quiera apropiar.
Y es que hay antecedentes para suponerlo, como lo ocurrido en el Instituto Esmeralda, que inició en la calle Chipilo de la colonia La Paz y que lo trasladaron a la 17 Poniente, entre 7 y 9 Sur, que fue vendido a tres distintos propietarios al mismo tiempo.
‎Por cierto, a la casa de Ingrid ya se presentó la arquitecta Damiana López Lucero, quien se identificó como funcionaria de la Procuraduría General de la República, además de que dijo venia de parte del procurador.
‎Y ya le advirtieron que le pare a su denuncia o le va a ir peor.
‎¿Qué puede ser peor, además de pretender despojarla de su propiedad y de intentar asesinarla con un cuchillo?
¿Y la justicia?
Nos vemos cuando nos veamos.