En una cuartilla el gobierno federal pudo haber terminado por arrebatar un extraordinario aparato de control electoralal servicio de los operadores de los candidatos del Partido Acción Nacional, en el contexto de la pugna por las 16 diputaciones federales en juego en el territorio poblano.
La decisión ocurre tres días después de la crítica que la esposa del gobernador Rafael Moreno Valle expresó en un acto de campaña panista contra el desempeño de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de quien dijo: es guapo pero ineficiente.
—¿Qué pasó la vez pasada?, ¿cuánta gente en la elección presidencial dijo hay yo voy por este porque está bien guapo? Y ahí está lo guapo, ¿y de qué nos sirve lo guapo a los mexicanos? ¡De nada!
Notificadas de la vulgar manipulación de que han sido objeto diversos esquemas de asistencia para sectores vulnerables en el país, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social federal decidieron literalmente levantar la canasta al gobierno del estado.
Un acuerdo firmado el miércoles 22 de abril por la secretaría técnica del Programa de Inclusión Social Prospera cuyo número es CTCN 053/22-04-2015 del que el autor de esta Parabólica posee una copia, sienta un precedente a nivel nacional en los últimos años, por lo menos desde que Enrique Peña Nieto despacha en Los Pinos. No ha sucedido más que en territorio poblano.
El manotazo en la mesa debe ser interpretado como el principio del fin de la época en la que se dispuso del dinero público federal para hacer lucir perfiles ajenos a los del trabajo gubernamental de la Federación sin que nadie impusiera freno alguno.
Un ejemplo de que la manipulación de recursos federales era una constante sin que nadie levantara la voz quedó registrado el 29 de mayo de 2013, en el trabajo del reportero Álvaro Ramírez en www.e-consulta.com con el testimonio de dos mujeres de nombre Ernestina Sánchez Juárez y Martha Lourdes Robles que acusaron manipulación del programa Oportunidades.        
Se trata de evitar que operadores a los que sirve la mayoría de los médicos instalados en clínicas del sector salud, obliguen a jefas de familia —el programa trabaja principalmente con mujeres—, a asistir a mítines y concentraciones proselitistas.
La disposición federal parte por la mitad el engaño recurrente que consiste en amenazar con aplicar descuentos económicos bimestrales, o de plano exclusión absoluta de los programas, falseando asistencia a la llamada corresponsabilidad que antes debía ser validada por autoridades estatales a cambio de un pago económico por cada hijo de las 500 mil beneficiarias en el sector educativo.
La ecuación es simple, pues desarticula una estrategia que descansaba en un presupuesto ajeno al escrutinio social que hoy resulta exhibido. El único camino que queda es el de la movilización el día de la elección prevista para el siete de junio a un precio más alto de lo presupuestado. 
El costo se disparó exponencialmente, dicen los conocedores de los sótanos de procesos electorales.