Para usted y para mí, es una frase indignante, no así para un personaje que desde que tiene uso de razón, todo lo ha comprado y logrado con dinero y poder.
Sin duda, esta es una verdadera burla y una afrenta para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para todos los poblanos.
Aunque usted no lo crea, estas han sido algunas de las ridículas sanciones que “impuso” el gobierno del estado; pero la más absurda de todas, es la que se asignó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas por un monto de 500 mil pesos, como responsable directo en la represión en Chalchihuapan, hace ya cerca de un año.
No solamente porque para el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, la vida de un niño, en este caso de José Luis Tlehuatle Tamayo, fue tasada en 500 mil pesos, cifra con la que multaron a Facundo Rosas, sino porque el funcionario se ha negado a pagarlos, interponiendo amparos.
Así, como usted lee, Facundo Rosas demandó al mismo gobierno estatal para el que trabaja, ante la justicia federal para evitar desembolsar el dinero de la multa.
Y lo peor de todo es que sigue firme en el cargo de Secretario de Seguridad Pública.
Algo muy gordo le sabrá al Señor de los Cerros.
Regresando al tema, estas y otras cifras finalmente fueron reveladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la vía de la ley federal de acceso a la información, las que le publicamos en esta entrega, tras el trabajo profesional del reportero Jorge Castillo.
Ahora ya se sabe que cinco de los nueve lesionados aceptaron cheques como indemnización, con cantidades que van desde los 30 mil pesos hasta los 330 mil pesos.
A muchos les parecerá que con estas cantidades se paga la afectación de quienes fueron hasta mutilados, con la pérdida de un ojo, o hasta del habla, lesiones producidas por los policías estatales los que el 9 de julio de 2014 cuando atacaron indiscriminadamente con gases lacrimógenos directos a los cuerpos.
Lo malo es que con este dinero apenas algunos cubrirán los gastos médicos que han tenido y a algunos ni les alcanzará.
Tal es el caso de Martín Romero Montes, impactado por una lata de gas lacrimógeno en la mejilla, por lo que sufrió más de ocho meses de tratamientos y cuatro operaciones recuperó por fin la voz.
Los gastos médicos para el campesino de la tercera edad fueron de alrededor de 300 mil pesos, cubiertos gracias familiares, amigos y por vender algunas pertenencias.
Con esta información que entregó CNDH, no solo ahora se sabe la forma en que el gobierno pretender burlar los 11 puntos de la recomendación girada en su contra, sino también de datos que han tratado de ocultar sistemáticamente con la ley de transparencia de Puebla, protegidos siempre por la CAIP.
A cerca del año de los hechos de Chalchihuapan, no hay ninguna autoridad presa a diferencia de tres manifestantes siguen detenidos, entre ellos el presidente auxiliar Jairo Javier Montes, quien osó retar al gobierno de Rafael Moreno Valle.
Pero lo peor es que Facundo Rosas se ha burlado de la multa, de la CNDH y del mismo gobierno de Puebla, evadiendo su culpa.
Así que el suspirante presidencial, ya decidió que la vida de un niño en Puebla vale medio millón de pesos; y si el asesino es un alto funcionario, podrá seguir en el cargo, sin pagar por su crimen.
Esa es la Puebla morenovallista.
Ni más, ni menos.