El domingo seis de julio de 2014 todos los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Puebla fueron convocados a las oficinas, ubicadas en la calle Alpha Oriones. Inusual la convocatoria como el plazo perentorio con el que fueron conminados: todos en 30 minutos debían estar. Y así fue.
Sin más información ingresaron a la sala de plenos del árbitro responsable de dirimir discrepancias en materia electoral. Antes debieron pasar una aduana tan inusitada llamada. Un elemento de seguridad les pidió dejar teléfonos móviles, tabletas y cualquier gadget con el que pudiera quedar registro de lo que estaba por suceder en esa institución garante del juego electoral.
Los trabajadores recibieron el primer camión de carga con las primeros cientos de miles de formatos para incrementar el número de afiliados del Partido Acción Nacional, del que en teoría no se enteró su dirigente formal, Rafael Micalco Méndez.
Eran las primeras acciones para dar de alta a 14 mil 444 afiliaciones al PAN, una cifra tan desproporcionada que hasta el más acostumbrado a ver los absurdos de la administración de Rafael Moreno Valle levantó las cejas. 
Un dato comparativo ilustra: hasta antes del primer domingo del mes de julio del año pasado, entre 1994 y 2014 el número de afiliados de Acción Nacional en el territorio había sido de 5 mil, uno 500 por año. En tres meses el Tribunal Electoral afilió casi tres veces más.
Los detalles fueron contados por testigos de la operación fraudulenta al reportero con una salvedad: la gracia del anonimato, merced de una gestión gubernamental que espía, persigue, acosa. Y cuando no persuade o intimida, encarcela.
Toda la operación de afiliación masiva fue manejada por un actor que habría pasado desapercibido al escrutinio de no ser por la proclividad a presumir cercanía con la esposa del gobernador, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, candidata a la dirigencia del PAN estatal: su caballerango, el ex magistrado Javier de Unanue y Bretón.
Hábil para obtener pecunia pidió a quien diseñó la hoja de ruta para incrementar el valor electoral panista solvencia económica para la contratación temporal de 20 personas, a 20 mil pesos mensuales, que al trimestre habría sido algo así como 1 millón 200 mil pesillos, que fueron a para a sus bolsillos, dijeron las fuentes.
La estructura en la que se apoyó no fue una contratación temporal, sino la burocracia de un órgano jurisdiccional del estado. El silencio fue la consigna intimidados por la altanería e influencia del “caballerango” con la consorte del mandatario.
Así fue como se cocinó el descomunal fraude que ahora tiene un litigio entre los panistas de cepa y neo militantes que están por controlar en absoluto el instituto político que perdió su doctrina y autoridad moral. 

En el sótano…

1.- Adiós a Maldonado. La designación del exsecretario General de Gobierno como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria en San Lázaro canceló la posibilidad de que regrese a Casa Aguayo. El hueco que deja es grande para dos personajes menores que buscan sustituirlo, Jorge Cruz Bermúdez y Fernando Morales Martínez. 

2.- ¿Don Luis, apaga fuegos? Lo que se sabe es que será hasta que salga el paquete presupuestal en San Lázaro, cuando Maldonado Venegas regrese al cargo de Secretario General de Gobierno. Traducción: va a cabildear mayores recursos para Puebla desde su curul federal y luego regresará a resolver los enredos de los chamacos que atienden el changarro y que tantos enojos han provocado.

3.- Leyes del mercado. Acostumbrados a la compra de voluntades ofrecieron 15 millones de dólares por la candidatura que está en proceso de cocción y que tanto incomoda a la familia feliz. Fracasaron en el intento, lástima.