Las pesquisas que provocaron la detención al azar de los pobladores de Ajalpan sigue el mismo procedimiento autoritario y violatorio de los derechos humanos que el perpetrado contra pobladores de Chalchihuapan.
Fue hace poco más de un año cuando, con el visto bueno del Señor de los Cerros, la Policía Estatal entró con violencia a la junta auxiliar de San Bernardino  Chalchihuapan, en aras de cumplir con la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH.
La madrugada del sábado 18 de octubre del 2014, un comando irrumpió en la comunidad; el motivo, la detención de los pobladores que participaron en la gresca ocurrida el 9 de julio en la carretera Atlixco, en donde murió el niño José Luis Tehuatle, quien murió por un cartucho de gas de largo alcance disparado por los policías
Según testimonios de aquel día, a patadas, los uniformados abrieron puertas, causaron destrozos y apuntaron con armas a mujeres, ancianos y niños, todo esto sin mostrar órdenes de cateo ni de aprehensión.
Con violencia, los uniformados ingresaron a siete viviendas; como resultado del operativo detuvieron a cinco pobladores: Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes.
Pero los testimonios recabados por Intolerancia Diario, Proceso y Sin Embargo, son demoledores y muestran el verdadero rostro de quien dirige los designios del estado.
Una mujer de 76 años denunció como los policías le apuntaron con una pistola en la cabeza; a otra, la empujaron y la amenazaron a pesar de llevar a un bebé en brazos, los agredieron e intimidaron. Sin olvidar los destrozos hechos cuando ingresaron a sus domicilios. 
“Creí que lo habían levantado, que era un secuestro”, dijo otro de los pobladores afectados.
“Nosotros no le hemos hecho daño a nadie, somos gente de paz”, dijo otra de las vecinas de Chalchihuapan; pero los uniformados hicieron oídos sordos.
La mayoría de los detenidos aquella madrugada obtuvieron su libertad meses después, al comprobarse su inocencia. 
Un año después, la tarde-noche del lunes 19 de octubre, la misma Policía Estatal se quedó impávida y no frustró el asesinato de los encuestadores José Abraham y Rey David Copado Molina.
Incluso, el mismo presidente municipal de Ajalpan, en las primeras entrevistas que otorgó, reconoció que avisó a tiempo; sin embargo, la respuesta “fue tardía”. 
Según el munícipe, solicitó el apoyo desde las 19 horas; sin embargo, el gobierno lo presionó y días después Gustavo Lara se desdijo; sin embargo, la Policía no actuó a tiempo, pese a estar a unos metros del lugar de los hechos. Fueron simples espectadores. Los uniformados ingresaron a la plaza principal después de las 23 horas.
Horas después comenzó la cacería en contra de los presuntos responsable; sin embargo, familiares de los ahora detenidos señalan que son chivos expiatorios y que los verdaderos responsables de la barbarie están libres.
Estos dos acontecimientos nos dejan en claro que el gobierno actúa y siembra el terror conforme a su interés, la muestra está ahí.