En menos de cinco días se logró que 133 cabildos de igual número de ayuntamientos aprobaran las reformas a la fracción II del artículo 37, el primer y segundo párrafos del 95, el 96, el 97, el 98, el primer párrafo y sus fracciones I y III y el último párrafo del 99, el 100 y el 101; y se adiciona el segundo párrafo al artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para la creación de la Fiscalía General del Estado.
El pasado 9 de diciembre se aprobó en el pleno la reforma constitucional, durante la sesión ordinaria se informó que 133 cabildos ya aprobaron el documento con lo cual ya tiene plena validez.
Sin un solo voto en contra, los diputados ratificaron el documento que presuntamente fue votado por los cabildos.
Con la reforma se permitirá al procurador Víctor Carrancá Bourget continuar siete años en el cargo bajo la figura de fiscal general.
Sabrán los regidores de esos 133 cabildos y los diputados locales que el procurador de Justicia, Víctor Carrancá, abandonó sus funciones de verdadero fiscal para convertirse en defensor del gobernador en funciones.
Y tal como lo escribí el 13 de marzo de 2015. 
La esencia jurídica de la figura del procurador de Justicia está centrada en la representación de la sociedad en los procesos penales.
En términos prácticos, el procurador es el representante social ante cualquier conflicto en donde se presuma la colisión de un ilícito en la mayoría de las veces penal.
En esa lógica, yo me pregunto en dónde diablos se perdió el procurador General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Carrancá, cuando decidió asumir la postura de defensor jurídico del gobernador, en lugar de velar por proteger los intereses de los poblanos.
Para nadie es un secreto que Carrancá ha asumido las funciones de defensor y vocero, en lugar de proteger —como la ley lo obliga— los intereses de quienes resultaron afectados por los actos de represión en Chalchihuapan.
En estricto sentido, el señor procurador debería ser el encargado de proteger los intereses de los lesionados y de la familia del menor muerto, en lugar de estar metido en cuerpo y alma en la defensa de su jefe, el gobernador.
No es posible que la única figura de representación con la que cuenta la sociedad haya traicionado su responsabilidad legal para limpiarle la cara al principal sospechoso de la muerte del menor.
Es evidente que Carrancá dejó de ser un legítimo representante social cuando decidió defender y representar los intereses del gobierno del estado, convirtiéndose en juez y parte de un caso que indignó a la gran mayoría de los poblanos.
La función de defensor gubernamental que asumió el procurador corresponde el director Jurídico del gobierno del estado o, en su defecto, a la SGG, a través de la subsecretaría jurídica. Desde el punto que se le vea, lo de Víctor Carrancá es un acto flagrante de traición.
Sin embargo, en este gobierno de complicidades, Víctor Carrancá continúa en su cargo de procurador y es el único integrante del gobierno de Moreno Valle que continúa en el puesto donde fue designado en 2011.
De qué tamaño serán las complicidades entre el gobernador y el procurador que continúa en el cargo.
Será que convertirse en fiel servidor y defensor le permite al Víctor Carrancá protección e inmunidad.
Todo parece indicar que así es.
Después de esta obligada cita, aún quedan dudas del papel que jugará el nuevo fiscal.