Es cuestión de horas la Procuraduría General de Justicia (PGJ) deberá “levantar el telón” y presentar a otros servidores públicos implicados en casos de corrupción, y ahora corresponde al Juzgado Séptimo de lo Penal ser el escenario donde pudieron haberse cometidos delitos en las preliberaciones.
Desde el viernes pasado en las filas del Poder Judicial y de la misma PGJ comenzó a filtrarse el rumor de que un secretario y dos actuarios de este juzgado habían sido arraigados, como consecuencia de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que se descubriera que antes de que iniciara esta nueva administración de gobierno el personal del juzgado comenzó a poner en libertad a sujetos sentenciados por delitos graves mediante considerables sumas de dinero.
Otro rumor al respecto indicaba que ese secretario, cuyo nombre no se ha revelado, no fue arraigado sino aprehendido e internado en el Cereso de San Miguel. Ayer lunes ninguna autoridad consultada desmintió o confirmó lo que ocurre en ese juzgado.
Esa misma información que corre por los pasillos de los juzgados no indica con relación a estos hechos cual es la situación legal que guarda la jueza Rosa Elena Zárate, quien recientemente fue cambiada de juzgado pero que pudo estar enterada de esas preliberaciones que se dieron en su tribunal.
Entre esas preliberaciones que son investigadas podría estar la de Héctor Alan Ibarra Meza, subdirector de Vialidad del Estado, acusado de asesinar cuando se encontraba drogado y en estado de ebriedad al acomodador de vehículos José de Jesús Huitzil y que concluyó en una “preliberación”, considerando que “se había tratado de una pelea” entre el antes funcionario y el valet parking, hecho que solo se creyó Gabriel Salomón López, secretario de la Tercera Sala de lo Penal, quien le cubría sus vacaciones a la jueza.
Se espera que en las próximas horas el caso quede al descubierto, en pos de la transparencia informativa con la que debe de operar el aún nuevo gobierno.

Muy chambones, los de la Ministerial
Primero le comentó que el trabajo que realiza la oficina de Prensa de la PGJ, que a la vez le opera a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deja mucho que desear.
Si no, cómo explicaría el lector que esta oficina —centro de estrategias— envía un boletín a los medios de comunicación informando de la detención de cuatro hermanos acusados por cohecho y por robo, y cuando éste sale publicado resulta que los “hermanitos” fueron puestos en libertad porque los agentes que los detuvieron no pudieron probarles el delito de robo a negocios de internet.
Resulta que el jueves 22 de septiembre agentes bajo las órdenes del comandante Faustino Flores Muñoz, quien no quita el “dedo del renglón” pues quiere ser inspector metropolitano, detuvo en las inmediaciones de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio a los hermanos Erick, Fernando, Aldo y David, de apellidos Badillo López, a quienes acusó de ser los autores de diversos robos a negocios de cafés internet.
En el momento de ser detenidos no les encontraron una sola prueba de que en verdad hayan abierto algún negocio de internet, por lo que alguien sugirió que mejor los “carnalitos” entregaran la suma de 50 mil pesos y un vehículo Chrysler Charger, y cuando el “baile” se estaba dando el comandante recibió una sorpresiva orden: “que presente de inmediato a los detenidos”; entonces, no les quedó más remedio de acusarlos formalmente de cohecho, como si ellos les hubieran ofrecido el dinero y suponer que cometían robos.
El caso fue “cacareado” por la oficina de Prensa mientras que los “sospechosos” fueron trasladados a la Delegación Oriente del Ministerio Público, donde el representante legal dio entrada a la averiguación previa 3852/2011/Oriente.
Al día siguiente estos hermanos quedaron en libertad porque no se pudo comprobar que eran de verdad ladrones; ese mismo día todos los periódicos y noticieros locales dieron cuenta de la detención.
Al siguiente día la oficina de Prensa no ofreció otro boletín donde informara de la liberación de los “sospechosos” y el comandante Flores Muñoz sigue muy quitado de la pena, esperando el “tan ansiado cambio”. Ups.

¿Quién protege la ruta de la droga?
Anote usted. Entre los datos que le comenté en entregas pasadas sobre “la ruta de las drogas”, le explique que en las zonas como La Romero Vargas, San Pablo Xochimehuacan, Sanctórum, La Libertad y otras más opera una mujer a la que le dicen “La Tita”, quien es la hermana de Pedro López García, alias “El Perico”, y que esta mujer junto con un sujeto al que le apodan “La Chucha” y otro más, “El Livais”, se dedican a la distribución de heroína a gran escala.
Un amable lector me envió un mail donde dice que esta mujer es la más protegida de la zona y que todos le tienen mucho miedo.
¿Quién anda ahí?
Nos vemos cuando nos veamos.