El lunes de esta semana, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano especializado encargado de impartir justicia en el ámbito electoral, se presentó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, instrumento que ha sido elaborado para construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia en los espacios político-electorales.

Elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Red institucional que está lista para responder a los casos de violencia política que se presentan.

Este protocolo es un documento que brinda herramientas conceptuales, establece un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género donde se señala desde quién puede presentar la denuncia/querella/queja, cuándo se debe denunciar, qué autoridades son las competentes para atender prioritariamente estos casos y en qué responsabilidades incurren en caso de no hacerlo; evidentemente incluye el listado de las 20 normativas que deben aplicar, así como las cinco jurisprudencias dictadas en esta materia, la doctrina y las políticas a las que deben ajustarse.

De manera que este protocolo se constituye en el mecanismo que señala de manera clara y contundente nueve acciones concretas que deben observar las autoridades, adoptarlas y observarlas para procesar y combatir casos de violencia contra las mujeres.

Incluso, por si tuviesen algunas interrogantes sobre esa figura, la magistrada Carmen Alanís mencionó en su intervención: “En este documento se responde qué es la violencia política, cuándo se habla de violencia política con elementos de género, cómo se detecta, quiénes son las víctimas, cuáles son los derechos de las víctimas, cuáles son las instituciones competentes para brindar atención, sus obligaciones y las acciones inmediatas que deberán emprenderse cuándo se presente un caso”.

Sin duda de la mayor de las importancias este protocolo para Puebla y para todos los estados de la República que están en proceso electoral, y que -como en el estado- han registrado hechos de esta naturaleza en contra de las mujeres que están contendiendo.

Blanca Alcalá, la candidata a gobernadora del Partido Revolucionario Institucional PRI, ha sido víctima de una serie de actos: campañas de desprestigio, difamación en medios de comunicación, distribución de panfletos que pretenden dañar su imagen sin elementos comprobables. Todos, elementos constitutivos de violencia política de género enunciados en el protocolo.

Incluso, ayer mismo documentaron los medios de comunicación un hecho delictivo que pudiese, durante la investigación de la autoridad competente, presentar algunos elementos que pudieran sumarse también como violencia política de género en contra de la compañera Roxana Luna que ha sido postulada por el PRD.

Blanca Alcalá y muchas otras mujeres que hoy y en el futuro participen en los espacios políticos electorales, cuentan con un mecanismo de defensa y protección a sus derechos políticos y humanos.

Pero también, cuenta con el Punto de Acuerdo presentado en el Senado de la República -por la senadora Lucero Saldaña- que exhorta a los Organismos Públicos Electorales Locales y a los gobernadores de diversas entidades del país para que aseguren que el desarrollo de los procesos electorales que tienen lugar este año estén libres de violencia política de género.

Sin duda, estos hechos reprobables que en Puebla se han presentado, como bien señaló la Senadora Saldaña pueden, si no se detienen a tiempo, convertirse en “la exacerbación de actos de violencia por parte de actores reconocidos o anónimos, identificables por la ciudadanía, aunados a la actitud omisa de las autoridades, no significa dar igualdad de oportunidades, sino ser parciales y alentar un México violento.

De ahí que aplaudo la elaboración de este Protocolo y aplaudo también el comentario de Lorena Cruz, Directora de Inmujeres, “es momento de ponerle alto a la violencia política contra las mujeres, y a las muchas ‘marrullerías’ que vivimos en el proceso”.

Por todo ello, es necesario que en Puebla todas las autoridades conozcan este protocolo y para todas y todos pueden consultarlo en http://bit.ly/1pqeL0m.