¿Usted estaría dispuesto a ser exhibido, sometido, sobajado y humillado cuando trabaja?
Pues sorpréndase.
En Puebla, los máximos jerarcas de la impartición de justicia se genuflexan ante todas las instrucciones emanadas de Casa Puebla.
Lo que no entienden en la residencia oficial es que en este nuevo milenio resulta prácticamente imposible demostrar que los órganos estatales no están involucrados en las altas decisiones de un estado como Puebla.
El problema de fondo está centrado en que los tribunales estatales no están dispuestos a deslindarse el poderoso grupo político del gobernador.
Nos guste o no, en Puebla no hay más juez que Moreno Valle y eso no está a discusión.
Para fortuna de muchos, los órganos electorales de la federación tienen en el INE y el TEPJF a sus órganos de control.
De ahí que todos los recursos interpuestos por grupos opositores han sido resueltos en contra de los intereses morenovallistas.
En la resolución publicada ayer por la sala superior del TEPJF sobre los temas de Ana Teresa Aranda y Roxana Luna, el magistrado ponente Flavio Galván dijo que el caso de la elección en Puebla pasará a los anales de la historia del derecho electoral por la cantidad de impugnaciones recibidas hasta el momento y que en su mayoría han sido resueltas en contra del morenovallismo.
Es decir, que hoy todo lo que resuelva la autoridad electoral deberá ser revisado a profundidad por los antecedentes negativos de quienes no ganan una ni por equivocación.
Y es en donde debemos preguntarnos: ¿Para qué diablos existe un juez, si todo lo resuelve una buena o mala decisión?
Qué grave que todo lo que resuelve el Tribunal Estatal se haya convertido en el blanco perfecto de quien tiene en la residencia de Los Fuertes a su jefe no sólo político, sino laboral.
Nos guste o no, hoy el instituto local y el tribunal electoral son el principal ejemplo nacional de lo que no debe hacer un árbitro de una elección.
Ni más, ni menos.
