Hablar en Puebla de espionaje era referirse a un mito urbano... Hasta que el complejo aparato para escuchar, rastrear y seguir a la oposición política comenzó a ser desnudado por el trabajo periodístico de Intolerancia Diario, e-consulta, Lado B y Sin Embargo, en la Ciudad de México.

El trabajo de investigación reveló la forma de operación, nombres de los responsables, pagos disfrazados a través de la nómina oficial del gobierno del estado y muchas conversaciones.

En junio del año pasado Fernando Maldonado, colaborador de esta casa editorial, publicó un documentado reportaje sobre el tema, al que luego seguirían otros de periodistas que fueron encontrando las pistas dejadas por quien orquestó uno de los sistemas de espionaje político más robusto en el país, desde Puebla.

Aquí el trabajo publicado el 6 de junio de 2015, vigente hasta hoy.

Poseen conversaciones telefónicas de casi toda la clase política poblana, pero su particular atención está centrada en personajes con probabilidades de disputar la mini gubernatura en 2016: la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado; el diputado federal, Enrique Doger Guerrero, actual representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral; y Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de Sedesol.

Se trata de un grueso expediente integrado por copias simples con las leyendas: “Seguimiento permanente de las llamadas telefónicas de …” y así, el nombre y cargo del personaje convertido en “objetivo” del espionaje telefónico descrito en otro legajo de tarjetas.

Diálogos con personajes de la política nacional como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; con perfiles locales como la presidenta del PRI estatal, Ana Isabel Allende Cano; Víctor Manuel Giorgana Jiménez, actual candidato a diputado federal; con el delegado de Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet; y hasta Edgar Chumacero Hernández, yerno de Alcalá Ruiz.

Por ahí también están las conversaciones de Mónica Barrientos Sánchez, secretaria general del PRI municipal; Juan Carlos Natale, el diputado local del Partido Verde y hasta Edgar Salomón Escorza además de un largo etcétera de personajes públicos.

*Una “tarjeta informativa” de “prioridad alta” establece pagarían a una veintena de personas “vía la Contraloría otorgando plazas de por lo menos 20 mil pesos al personal analista y operativo, triangulando su pago a través de terceras personas para evitar ser detectados”.

El personal al servicio fue capacitado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (MOSSAD, por sus siglas en hebreo), a través de Joaquín Arenal Romero, exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), convaleciente de una intervención quirúrgica que lo tiene fuera de circulación.

El equipo funcionó detrás de una fachada ubicada en el Instituto Técnico de Comercio Exterior en la calle 1ª cerrada Cadete Vicente Suárez 2103 en la colonia Bella Vista. Otros dos documentos similares hablan de la adquisición de equipo en dos momentos diferentes.

Uno por 17 millones 936 mil pesos; el otro por 14 millones 999 mil y cuenta con funciones propias de “un clonador a través del programa ‘Hunter’ el cual tiene la particularidad no solo de clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, sino de extraer información tanto del SIM como de la memoria interna”.

Los contactos, mensajes de texto y archivos guardados son objeto de ser sustraídos, dice el texto de la tarjeta informativa.

Sin embargo, añade el informe, no puede interceptar o extraer mensajes vía WhatsApp por una razón: los diseñadores de esta plataforma de comunicación “no cuentan con un histórico acumulado, lo que significa que su temporalidad en bases no es mayor a dos días”.

Más claro ni el agua.

El gobierno de Puebla espía a sus enemigos con el único propósito de mantener el proyecto personal del Señor de los Cerros. La presidencia de la República bien lo vale.