En el municipio de Xicotepec de Juárez se registra otro más de los abusos del gobierno del estado de Puebla, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), que está a punto de cumplir tres años y que tiene que ver con la posesión de una propiedad, donde se implicó al diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), José Esquitín Lastiri.

El abuso es que el fiscal —quien debió haber recibido orden desde Casa Puebla— se inventó una denuncia por fraude para trabar la toma de posesión de una propiedad que tiene un costo de más de 12 millones de pesos y que se ubica en Vicente Guerrero, del municipio de Xicotepec de Juárez.

Esta propiedad, desde la misma fecha que le comenté, está resguardada por personal de la Policía Municipal de Xicotepec, quienes deberían sumarse a la protección del distrito ante el fuerte embate de la delincuencia que en todo el territorio poblano, principalmente en esa zona, se ha dejado sentir.

La historia inicia desde 2014, cuando el empresario Eloy Fonseca Garrido adquirió por la suma de 12 millones de pesos, a plazos, el predio denominado “El Bastión”, con una superficie de 22.42 y 19 hectáreas a Ángel Hernández Manzano, sin que estuviera enterado que la propiedad tuviera algún problema legal.

Este terreno, Ángel Hernández Manzano antes se lo había comprado a Juan Pablo Albín Gutiérrez, sin que tampoco estuviera enterado que la propiedad tuviera algún problema legal, de hecho no lo tenía.

Pero resultó que Gisela Albín, hermana de Juan Pablo, se molestó porque la propiedad se vendió sin su autorización, por lo cual buscó el apoyo del diputado federal José Esquitín Lastiri, quien es su buen amigo y pidió la ayuda del también amigo de “piquete de panza”, Rafael Moreno Valle y la historia usted debe imaginarla.

Le comento que para la venta del predio “El Bastión”, Juan Pablo Albín tenía un poder amplio, firmado por todos los hermanos, por lo cual no tuvo ningún inconveniente para realizar la operación comercial.

Pese a este poder, Gisela Albín, la hermana, azuzada por algún abogado, promovió denuncia penal contra su hermano Juan Pablo, 241/2014/DMZS/FGR, por el delito de fraude.

Y pese a que se trataba de un asunto de carácter civil, probado y demostrado por autoridades federales, el predio fue asegurado por órdenes del Ministerio Público, que a su vez obedeció una indicación de sus superiores.

Y se ha demostrado con amparos ganados que la propiedad en cuestión no debe estar asegurada, ya que de inicio la denuncia fue mal integrada, de “mala leche”.

De estos abusos y excesos han pasado más de dos años, el empresario Eloy Fonseca Garrido no ha podido tomar posesión de un terreno que ya pagó.

Medios de comunicación de la zona de Xicotepec, en más de una ocasión han señalado el abuso por parte, primero de la Fiscalía General del Estado (FGE), después del mismo Ayuntamiento de Xicotepec, al mandar a policías municipales, en calidad de “guaruras”, para resguardar un terreno e impedir que, en este momento su propietario tome posesión.

Pero atrás de todo esto se encuentra la mano de un diputado federal y de un gobernador, que más que amistad, por berrinche, quieren hacer de las suyas, como siempre, como desde que inició esta administración.

En este caso la mano del gobernador se siente.

Pero esta mano huye cuando opera el crimen organizado.

¿Qué tal?

Nos vemos cuando nos veamos.

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