Una vez más, los consejeros electorales de Puebla hicieron el ridículo. Por decimotercera ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en contra de sus determinaciones.

La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, al solicitar con argumentos claros a sus pares votar a favor para revertir en Puebla la inconstitucionalidad, evidenció la falta de compromiso del árbitro electoral poblano por transitar del lado jurídico equivocado.

Así de claro.

Para los consejeros existe un atenuante. No son totalmente libres de tomar los acuerdos, están sometidos a los designios del Señor de los Cerros, que a toda costa busca descarrilar la candidatura independiente de Anatere.

Hasta ahora el morenovallismo no ha podido frenarla y gracias a sus torpezas sigue robando cámara en el presente proceso electoral.

Y tal como lo describe la propia Ana Teresa Aranda, no es cuestión de dinero, es cuestión de hacer patente la inequidad que impera en el actual proceso electoral.

Gracias a la intervención del TEPJF, Aranda Orozco dispondrá de 638 mil pesos para su campaña, contra los 49 millones y los 87 millones designados a las coaliciones. Las proporciones son totalmente opuestas e inequitativas.

Otra vez se confirma que en Puebla no puede aspirar a ser gobernada por un personaje sin partido mientras los órganos electorales estén a las órdenes del gobernador.

Por supuesto que para fines prácticos, la presencia de “La Doña” en la boleta electoral pone en alto riesgo la elección para el PAN.

No se trata de si Anatere puede ganar o no, el problema de fondo es lo que puede pesar en la balanza electoral.

Y es ahí donde a la señora no se le puede restar ningún mérito y pese a que la maquinaria del estado se movió para impedirle el paso, Ana Teresa está más que viva y lista para restarle votos a los candidatos de los partidos políticos.

Le exigieron 135 mil firmas ciudadanas y les entregó más de 200 mil. Fue al Tribunal Federal para lograr que aceptaran el voto digital y lo logró.

También acudió al TEPJF para exigir que la ley no fuera retroactiva en el caso de su renuncia al PAN; los magistrados le concedieron la razón.

Dejó guardia día y noche en el IEE para cuidar sus paquetes de firmas y así evitar que estos fueran violados.

El gobernador mandó a una de sus empleadas, que es la secretaria general del IEE, a hacer una inspección de campo para echar abajo las firmas y Anatere les volvió a ganar en el tribunal, el cual determinó que Dalhel Lara no tenía facultades de investigación.

En conclusión, les ganó todo.

Ahora solo hay que esperar si es capaz de alcanzar una votación que incline la balanza a favor o en contra de otros candidatos