El Centro de Derechos Humanos “José Luis Tlehuatle", en honor al niño fallecido tras la trifulca entre policías estatales y manifestantes en Chalchihuapan, en julio de 2014, ha buscado acercamientos con los candidatos a gobernador.
Hasta el momento lo logró con tres:
Blanca Alcalá, de la coalición PRI-PVEM-PSI, Abraham Quiroz, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Ana Teresa Aranda Orozco, candidata independiente.
Los tres se reunieron con Elia Tamayo, madre del niño José Luis, presidenta del centro, quien se ha convertido en una activista de los derechos humanos.
Apenas la semana pasada insistieron, mediante una rueda de prensa, que buscan un acercamiento con Gali Fayad.
Pero a quien ni quieren ni ver es a Roxana Luna, abanderada del Partido de la Revolución Democrática.
Pero no porque tengan cerradas las puertas, sino por simple capricho derivado de un pelito personal.
Y es que Araceli Bautista, integrante de dicho centro (o verdadera líder), la culpa de que fue quien entregó a las autoridades de Puebla a su hijo, el expresidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, quien continúa preso.
Justo hace un año, el 5 de julio de 2015, Roxana Luna, reconoció ante Intolerancia Diario el rompimiento con el movimiento de Chalchihuapan, el cual encabezó desde antes del fatídico 9 de julio de 2014, fecha del enfrentamiento.
Señaló entonces que el gobierno estatal dividió al movimiento mediante una estrategia de infiltrados.
Dijo que se sembró la duda y la traición. “Independientemente de estar o no detrás del asesoramiento jurídico, estoy convencida de seguir, de que el asunto de la justicia no se debe olvidar, además de un compromiso moral de la salida de prisión de los compañeros”.
Por lo mismo, jamás habrá el acercamiento.
ASPABUAP, por buen rumbo
El secretario general, Jaime Mesa Mújica, rindió su cuarto informe semestral durante la XXII Convención General Ordinaria 2016.
El mismo fue aprobado por unanimidad, donde los convencionistas destacaron la transparencia y reconocieron la labor de acompañamiento y defensa de los derechos laborales de los más de 3 mil 400 académicos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
Su mensaje de Jaime Mesa fue contundente:
No dejar que la imagen sindical se debilite o se pierda, con el fin de hacer la diferencia y dejar huella en la UAP.
De este modo, se prepara el Pliego de Peticiones por Revisión General de Contrato Colectivo de Trabajo, que será presentado en noviembre al pleno.
Además, se trabaja en acciones para asegurar que las pensiones y jubilaciones sean dignas, sin que se conviertan en un cargo social o botín de otras corporaciones.
Así o más claro.