La información que publicó en su primera plana La Jornada Nacional sobre las múltiples anomalías en la construcción, instalación y puesta en marcha del teleférico de Puebla tiene connotaciones de carácter penal.

El hecho de haber desaparecido los primeros tres contratos con los que se originó la construcción y compra del equipo, revisten la comisión de un delito grave, que involucra al entonces secretario de Transporte, Bernardo Huerta, al igual que a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría del Estado, dependencia que se hizo ojo de hormiga, pese a que existió una auditoría plenamente detallada, la cual involucraba principalmente al entonces Secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente y al de Transporte Bernardo Huerta.

Por increíble que parezca, la firma de los tres contratos existentes se plasmó en el 2014, dos años después de que se destruyera la Casa del Torno y se dieran anticipos a más empresas suizas para la compra de toda la tecnología.

Para la mala fortuna de quién ordenó la desaparición de los primeros contratos no faltó quien guardó estas pruebas documentales que confirman las corruptelas que incriminan penalmente a funcionarios de primero y segundo nivel.

Por el momento, la Auditoría Superior de la Federación tiene elementos de sobra para iniciar una investigación que promete terminar con varios funcionarios morenovallistas tras las rejas.

Veremos y diremos.

Terminó la guerra
de guerrillas

Con la llegada de la media noche, llegó una preocupante calma chicha que presagia una feroz batalla para el próximo domingo.
Los tiempos de las encuestas y los spots quedaron atrás para dar paso a la batalla que definirá a quién gobernará Puebla por 20 meses a partir de febrero de 2017.

Si algo debemos agradecer, es que por fin terminó esta campaña, de la que nos acordaremos no por las propuestas, sino por las descalificaciones y los insultos.

Ahora a esperar el día cero, sabiendo que en solo unos meses, estaremos de nuevo en campaña