El miércoles pasado, el gobernador electo le dio el primer coscorrón a Moreno Valle, al decir que es urgente la elaboración de un Atlas de Riesgos para el estado.

Sin aludirlo de manera directa, la exigencia de Tony Gali para la creación del atlas exhibe la nula atención a los temas relacionados con las catástrofes naturales por parte de la administración morenovallista.

Y es aquí en donde crece el tamaño de la culpa del Señor de Los Cerros por la tragedia en la Sierra Norte.

¿Cómo es posible que hayan gastado más de mil 600 millones de pesos en seguros, sin existir un Atlas de Riesgos?

La razón es muy simple: un atlas no vende política ni electoralmente como lo hace un teleférico o una rueda de la fortuna.

Fuentes consultadas por este columnista revelan que el gobernador se negó en repetidas ocasiones a contratar la elaboración de un verdadero Atlas de Riesgos.

El costo calculado de un estudio técnico para determinar los mapas de vulnerabilidad ante fenómenos naturales es de 15 millones de pesos.

Y como se le hizo mucho dinero al suspirante presidencial, prefirió "ahorrarse" esos 15 millones para gastarlos en obras de relumbrón.

Por si fuera poco, existen recursos federales específicamente destinados para esos atlas por el 50 por ciento del costo.

Por increíble que parezca, Moreno Valle se gastó mil millones de pesos entre la Estrella de Puebla, el teleférico y los parques lineales y no quiso gastar 15 millones para un Atlas de Riesgos.

Ahora vayamos a la pregunta clave: ¿Un Atlas de Riesgos habría impedido las 37 muertes?

Partiendo de la base de que un mapeo técnico de las zonas de riesgo habría detectado los asentamientos irregulares como los hoy afectados, y suponiendo que el gobierno los hubiera reubicado, seguramente se habrían evitado estas muertes.

Pero si no se tiene ni idea de esos asentamientos irregulares, evidentemente esa gente estaba condenada a la muerte.

Entonces, es evidente que la omisión del gobernador de no haber contratado ese Atlas de Riesgos lo convierte en responsable de esta tragedia y por consecuencia, de los 37 muertos.

Y si a todo esto agregamos la información que hoy publica Intolerancia Diario en su primera plana donde se comprueba que Conagua advirtió a la autoridad estatal de las dimensiones de la contingencia con tres días de anticipación, tenemos que Rafael Moreno Valle es directamente responsable de las consecuencias, quien cargará en su espalda con estas 37 muertes.

Ni más, ni menos.

¿El negocio redondo del seguro?

Fue el 3 de octubre de 2013 cuando se aprobó una línea de crédito por 300 millones de pesos que serían utilizados para la reconstrucción de los daños que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel, pese a que había un seguro por 15 millones de dólares que no se quiso utilizar.

El crédito fue solicitado a Banobras en el llamado bono cero, de esta manera el gobierno estatal solo pagó los intereses y presumió que aportó 300 millones de pesos al Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Al igual que en otras ocasiones, en 48 horas la anterior legislatura aprobó sin un solo voto en contra la línea de crédito a pesar de que siempre se presumió que había un seguro para contingencias.

El subsecretario de Egresos de la SFA, Eduardo Tovilla Lara, presumió a los legisladores locales que este esquema no representaba deuda pública para el estado, toda vez que de acuerdo con las reglas de operación del FONREC, este opera como un bono cupón cero del gobierno de la República para atender las contingencias a la brevedad.

Con este seguro de casi 15 millones de dólares, saldría más caro pagar el deducible, que pagar los intereses sobre el préstamo de 300 millones de pesos, tomando en cuenta que el deducible era de 7.5 millones de dólares.

Hay que ver si no surge una nueva iniciativa para evitar que las aseguradoras paguen y sea el gobierno federal quien asuma la responsabilidad.

Y es donde salta la pregunta: ¿Para qué diablos se contrató un seguro contra catástrofes naturales?

El negocio de las comisiones lo explica todo.