Primero le comento que el viernes pasado, en el transcurso de la noche, Julio César Cordero Herrera, acusado por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), actualmente Fiscalía General del Estado (FGE), por portación de instrumento prohibido y robo agravado, obtuvo su completa libertad tras haber ganado un amparo federal, luego de permanecer detenido, en este momento se considera privado de su libertad, desde el pasado 1 de abril.

César Cordero y Edward García Rustrían, quien también no tarda en conocer el aviso de su libertad, fueron acusados por Leandro López Salas y Gustavo Chamorro Flores, por haberse metido a su casa y robar con violencia.

Hasta les “sembraron” un cuchillo y una navaja para justificar su detención y “peligrosidad”, pero con mal estilo, y es que es difícil pensar que uno de los ahora afectados pudo haber tenido un cuchillo de 20 centímetros de largo en la bolsa de su pantalón, sin causarse una lesión, como decía el informe presentado por la Policía Ministerial del señor Juan Luis Galán.

Lo bueno para estos dos hombres, uno ya libre, es que gozaron de la defensa del corporativo Ramírez Téllez y Asociados, al frente el abogado José Luis Ramírez Téllez y el subdirector del Área Jurídico Penal, el maestro en derecho Nicolás Machorro Contreras, quienes ganaron un amparo para que en el Juzgado Quinto de lo Penal se revisara a conciencia el proceso 114/2016, que los mantenía internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso de San Miguel).

Los agentes que se prestaron a armarle el chalequito a Julio César Cordero y Edward García fueron: JONATHAN CASIQUE LUCERO E IRVING RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, el jefe de Grupo SEBASTIÁN MARIO GUZMÁN SÁNCHEZ, la agente investigadora ANA CONCEPCIÓN ORDAZ ROMERO y el policía ministerial acreditable JONATHAN CASIQUE LUCERO.

Los “investigadores” interceptaron a Edward y a Julio César el pasado 1 de abril, entre los bancos Banamex y HSBC, para poderlos detener les “sembraron” una navaja y un cuchillo y de esta forma los trasladaron a las instalaciones de la entonces PGJ, donde además de acusarlos por la “portación de instrumentos prohibidos”, también los acusaron por robo agravado.

Lo anterior era falso, nadie los señaló, no se les encontró ni en esos momentos, ni después, instrumento, objeto o producto de algún delito, quienes se dijeron agraviados, jamás acreditaron la propiedad de objeto alguno, al momento de rendir sus declaraciones no se encontró presente abogado alguno, ya que no obstante en diligencias de Averiguación Previa se asienta que estuvo presente el defensor público, lo cierto es que no aparece firma alguna de ningún defensor, lo cual lleva a concluir que los detenidos jamás tuvieron una defensa adecuada, les fueron violados sus derechos humanos en lo que hace a su libertad de tránsito

¿Acaso no era obligación del agente del Ministerio Público que tomó conocimiento de los hechos, dejarlos en libertad?, lo que llama más la atención es que tanto unos como otros informan de manera inmediata a sus superiores (directores), cada vez que tienen a su disposición a algún detenido y son estos quienes tienen la última palabra.

¿Estarán coludidos?

 

Nos vemos cuando nos veamos.