El Señor de los Cerros aprovechará la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción para blindarse por 15 años, al crear el Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos tres magistrados serán nombrados por el propio gobernador y con ello, garantizará un organismo a modo que lo protegerá a capa y espada.
Hay que recordar que el Moreno Valle, para cuidarse las espaldas, una vez que deje el poder, también mantendrá el control de la Fiscalía General del Estado, del Instituto Electoral y de la Auditoría Superior, los cuales controlará al menos siete años más.
Lamentablemente el Revolucionario Institucional se ha dormido de nuevo, ya que deja que la Procuraduría General de la República denuncie a los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo por aplicar prácticas transexenales, pero descuidó el tema de Puebla, donde se hizo lo mismo.
El Tribunal de Justicia Administrativa con jueces por 15 años, por lógica no va a fallar en contra de algún miembro del morenovallismo y desestimará los casos señalados.
Los magistrados tendrán un sueldo superior a 70 mil pesos mensuales en estos momentos, pero podrá ajustarse al alza conforme a la inflación, por lo cual vivirán agradecidos con el gobernador al resolverles sus problemas financieros por tres lustros.
La medida no tiene marcha atrás, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, en el punto X señala:
“El Tribunal se integrará por tres magistrados que durarán en su cargo quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la Ley.
“Los magistrados del Tribunal serán designados por el gobernador del Estado y ratificados por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado.
“Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la Ley”.
Si los nombramientos se dan este 2016, Puebla estaría celebrando los 500 años de su fundación aún con una herencia morenovallista.
Cabe mencionar que a nivel federal están aún en funciones los jueces del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa nombrados en 2007 por Felipe Calderón Hinojosa y los resultados ahí están, la protección de un expresidente por lo menos hasta 2022.
El miedo no anda en burro.