El diputado Ignacio Mier Bañuelos adelantó que se aprobaría una línea de crédito por poco más de mil millones de pesos al ayuntamiento de San Martín Texmelucan, para saldar una deuda con ejidatarios, perdida en tribunales.

¿Pero sabrá el legislador que dicho ayuntamiento no es sujeto de crédito?

¿Sabrá que el ayuntamiento tiene adeudos multimillonarios arrastrados desde hace más de 20 años y no habrá banco que les preste?

¿Sabrá que el ayuntamiento no solicitó una línea de crédito, sino más bien un incremento en sus participaciones o una partida extraordinaria?

Si no, ojalá se entere.

Y es que la comuna texmeluquense, no tiene de otra que pagar dicha cantidad de mil 70 millones de pesos a ejidatarios, luego de una orden de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

No tiene para donde moverse ya, llegaron al último resolutivo que puede haber en México y tendrán que pagar forzosamente.

Este problema tiene más de 25 años, y se ha venido arrastrando trienio tras trienio, presidente tras presidente municipal, todos echándole la bolita al que sigue.

Le tocó el fatídico final a Rafael Núñez o como quien dice, pagar los platos rotos.

Por lo mismo solicitó la partida extraordinaria, más no una línea de crédito que ahora le pretenden endosar, con todo y su costo político.

Al parecer para los diputados se les hace más fácil endeudar a la comuna que buscar otra opción que no afecte a los ciudadanos o hablar a la ligera.

Lo cierto es que si no paga la comuna, podrían no solo ser destituidos todos los integrantes del ayuntamiento, sino hasta ir a la cárcel, aunque pueden protegerse con la respuesta que otorgue el Congreso. 

Esta historia aún se está escribiendo.

Las puertas cerradas

La semana pasada llegó el primer caso de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia que le cierra la puerta a la prensa a una audiencia contra un presunto delincuente.

Con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, las audiencias contra los imputados o detenidos, deben ser públicas e incluso con trato especial hacia los representantes de los medios de comunicación.

Pero en este caso, se les cerró la puerta.

El argumento al parecer fue el que marca el Artículo 64, por poder afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en la audiencia.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia, nos confirmaron que ha molestado mucho no solo a jueces, sino a las partes implicadas, que reporteros no han guardado el sigilo sobre todo de los nombres de los imputados, víctimas y hasta abogados, a pesar que lo marca la ley.

Por el contrario, se han publicado nombres completos en notas periodísticas, a pesar de que es ilegal.

Esta situación podría generar incluso en demandas contra los medios de comunicación que no han tenido cuidado.

Esperemos que esta puerta cerrada sea la última y no se aproveche la situación para ocultar información a todos los medios de comunicación.