Si el gobierno del panista Rafael Moreno Valle hubiera querido realmente combatir la corrupción que atribuye, como origen de todos los males en el estado, a la pasada administración que encabezó Mario Marín Torres, desde el primer día de su mandato hubiera metido a la cárcel a muchos, pero no lo hizo.

El morenovallismo administró con intereses políticos y personales, pero no de justicia, los casos y se reservó expedientes, como el tirador que mantiene el dedo en el gatillo por si necesita disparar.

Solo a la luz de esta reflexión se explica la aprehensión, este martes, de Francisco Castillo Montemayor, exsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el anterior sexenio, por un presunto peculado por 39 millones 275 mil pesos, que se supone que cometió en 2008.

Nada más 8 años le llevó a la Contraloría estatal y a la Fiscalía General del Estado atender el hipotético delito, justo a dos meses y una semana de que el exfuncionario marinista criticó al actual gobierno por haber cometido ecocidio en la remodelación del parque Flor del Bosque.

El caso, a todas luces, tiene las huellas de la venganza y de los intereses políticos.

Venganza, porque en Casa Puebla nada bien cayeron las declaraciones de Castillo, de principios de septiembre pasado.

Intereses políticos, porque siempre trae beneficios dar la impresión de que se lucha "contra los malos", además de que, con las órdenes de aprehensión contra los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y muchos de quienes fueron sus colaboradores, es actualmente muy redituable, está de moda dar la apariencia de que se combate la corrupción a fondo.

Reditúa ampliamente en imagen y eso, suponemos, es un cálculo que ha hecho el equipo del mandatario poblano, como la suma de positivos en su aspiración presidencial, carrera en la que está muy lejos de figurar como un precandidato fuerte.

Así lo han venido dibujando las encuestas que ponen a Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, a la delantera con una diferencia abrumadora respecto del poblano.

Así también, que se haya desempolvado el caso del exsecretario de Infraestructura de Mario Marín Torres, el prófugo Javier García Ramírez, y que hasta el propio Moreno Valle haya declarado de voz propia sobre el tema, es una manifestación de que estos casos serán estandartes de su campaña adelantada.

Que en la recta final de su mandato, a exactamente dos meses de dejar el cargo y dedicarse de lleno al proselitismo que de por sí ya realiza, decidiera llevar a la cárcel, en flagrante abuso de poder, a Castillo Montemayor, y que recupere el caso García Ramírez, a quien no pudo aprehender en seis años, demuestran que sus motivaciones son políticas y no de justicia.

Castillo y Javier García son, para el gobernador de Puebla, estandartes, pancartas, con las que busca figurar, en el final de su encargo, como el paladín que lucha contra la corrupción.

Su actitud vengativa, sus intereses personales y sus aspiraciones políticas definen la agenda de Casa Puebla.

Por ahora la justicia no es prioridad. Hoy se buscan estandartes y lucimiento personal para darle brillo a la opaca precampaña a la Presidencia de la República, que ocupa el tiempo y los pensamientos del inquilino de Casa Puebla.