La ola de inseguridad que ha azotado Puebla coincide con tres posibles factores.

1. El despido de elementos de los cuerpos de seguridad tanto en el gobierno del estado, municipio y hasta de la federación. 

Se dice que por lo menos 500 uniformados de los tres niveles han sido dados de baja en lo que va de 2016. 

Muchos, al saber los movimientos y buscar ganancias fáciles, se dice, ya formaron algunas bandas delictivas que ahora caminan por Puebla. 

2. La llegada del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

En este caso, se suman dos situaciones: la primera que ahora ya no se procesa bajo prisión a los acusados por los llamados delitos no graves. 

Y entre estos está el de robo. 

Esto quiere decir que aunque uno capture al ladrón en flagrancia, con los tapones, carteras, bolsas y hasta la televisión de la casa, no pisará la cárcel. 

Esto ha ocurrido en los últimos meses debido a que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio impide sean procesados bajo prisión. 

Ni siquiera si se pesca al ladrón adentro de una casa amerita que los encarcelen, mientras no haya violencia. 

Por eso también es obvio que ante la falta de justicia, han crecido los intentos de linchamiento. 

3. Que ante la llegada de este Nuevo Sistema Penal, se dice que al menos 2 mil 500 internos en cárceles de Puebla han logrado su libertad, luego de que no tenían sentencia en su proceso. 

Así les abrieron la puerta a miles de personas de los Centros de Reinserción Social poblanos. 

Obviamente muchos de ellos salieron a lo único que saben hacer: delinquir. 

El preso encargado

Mientras miles de personas no pisan la cárcel, aunque lo merecieran, Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Sustentabilidad en el sexenio de Mario Marín Torres, seguirá preso al menos hasta dentro de unos meses. 

Al exfuncionario se le aplicó el viejo sistema penal, por lo cual tendrá que pasar un largo proceso antes de que se le compruebe su responsabilidad o inocencia por el delito de peculado. 

Pero además, Castillo Montemayor aparte de sufrir la falta de libertad, tiene que pasar como un reo más su cautiverio, sin ningún privilegio de esos que logran los que tienen dinero. 

Y es que buenas fuentes nos informaron que existe la orden de que no tenga ningún privilegio. 

Así que el funcionario es vigilado muy de cerca al interior del penal para que ni siquiera pueda ver la tele ni de blanco y negro, de esas que entran de contrabando a diario. 

Y también tiene que hacer fila para hacer sus necesidades fisiológicas en baños infestados de suciedad. 

Sus abogados esperan que la situación termine pasando el 1 de febrero de 2017. 

Ya se verá.