La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se apresta a limpiar el lodazal de Rafael Moreno Valle. Y con ello apuntalar las ambiciones presidenciales del responsable de la muerte de un menor de edad, tras ordenar una brutal represión a los habitantes de Chalchihuapan.

A escasos dos meses de que el Señor de Los Cerros deje el poder, la CNDH exonerará a Moreno Valle del caso más sonado por la violación grave de derechos humanos sucedido el 9 de julio de 2014.

Se espera que este miércoles 30 de noviembre el organismo emita un comunicado para informar que el gobierno de Puebla ya cumplió con la recomendación 2VG/2014.

Y es que solo esperaban que Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle, aceptara el cheque de la indemnización, que dicen, superó el millón de pesos.

Lo que no se sabía, aunque se sospechaba y que hoy revelamos en esta edición, es que doña Elia fue presionada para firmar la aceptación e inclusive ya le depositaron el dinero.

La presión fue por parte de la Fiscalía General del Estado y el encargado de hacerlo fue nada menos que José Flota Ocampo, designado fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

Pero cometió un error, el funcionario le escribió con puño y letra la amenaza, al señalar que pende sobre la cabeza del expresidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, otro expediente, con el cual lo regresarían a la cárcel.

Así, Elia Tamayo no tuvo otra opción más que firmar.

No solo este punto de los 11 emitidos en la recomendación se ha cumplido.

La última versión de la CNDH, en julio de 2016, señalaba que aún estaban pendientes 5 de los 11 incisos de la recomendación.

Cinco se habían cumplido parcialmente, como la creación de una fiscalía, la reparación de los daños causados a las víctimas y el ofrecimiento de una disculpa institucional a las mismas.

También se anota como cumplida la promoción de una queja ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los elementos involucrados y la presentación de denuncias penales.

Hasta la fecha, las secretarías de Seguridad y Finanzas carecen de contratos de compra de videocámaras para los agentes de seguridad.

En tanto, Facundo Rosas Rosas se amparó contra la multa de 500 mil pesos que le impuso la Secretaría de la Contraloría.

La investigación de los hechos sigue pendiente por la desconfianza de los pobladores y las disculpas públicas no fueron aceptadas por las víctimas.

Tampoco es público el "Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos".

El último estatus de la recomendación, según la CNDH, es “aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial”.

Todo podría cambiar este miércoles.

Y parece mentira, pero ahora el gobernador Moreno Valle en su campaña por la Presidencia de México busca enarbolar la bandera de que respeta los derechos humanos.

Ver para creer.