En medio de‎ ejecuciones, levantones, desapariciones, robos y otros delitos de alto impacto, el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, inauguró el nuevo cuartel militar que estará ubicado en una de las laterales de la carretera federal México-Tuxpan.

Aun cuando la Fiscalía General del Estado no ha podido esclarecer la ejecución de un periodista, la desaparición de 2 estudiantes y un profesor, además de la serie de crímenes violentos, el 70 Batallón de Infantería tiene las instalaciones listas para iniciar actividades en contra del crimen organizado.

Se supone que con el cuartel militar se va a inhibir la delincuencia, como ha venido ocurriendo en los estados de Morelos, Guerrero, Tamaulipas y Michoacán.

Una vez que los delincuentes detecten la presencia de los militares, se van a retirar de inmediato y Xicotepec se va a olvidar de los constantes asaltos, crímenes violentos, como de los 3 abogados baleados, 2 de ellos muertos y otro más que aún libra la lucha contra la muerte.

El cuartel militar se erigió en un terreno de 60 hectáreas que fue adquirido por el gobierno municipal de Juan Carlos Balderrábano Vázquez, con un costo de 70 millones de pesos que deben ser pagados en 15 años, con las participaciones federales de ese municipio.

Difícil pensar que los primeros a quienes va a combatir el Ejército son las guardias comunitarias que se crearon en este municipio para combatir al crimen organizado.

En Xicotepec de Juárez opera uno de los cárteles más violentos que tiene su sede en Veracruz, además de otros grupos que han llegado para ocupar la plaza, lo cual ha generado una guerra con saldo de muertos y desaparecidos, además de los delitos comunes que ocurren con la presencia de estos grupos.

La FGE en lugar de enfrentar la presencia de estos grupos delictivos se ha limitado a levantar cadáveres y realizar declaraciones para deslindarse de estos delitos, bajo el argumento de que se trata de hechos federales.

Con la presencia directa del Ejército la historia puede cambiar.

¿Y la Fiscalía?

En la pasada entrega le comenté de una casa donde se ejerce la prostitución, que se ubica en la 9 Norte, entre la 72 y la 74 Poniente.

Le comenté que la propietaria es Rosa María Rico Hernández.

Esta mujer había sido la propietaria de una casa de citas que se ubica en la 9 Norte, entre la 72 y la 74 Poniente.

La casa en cuestión era propiedad de Ignacio Quiñones, quien actualmente se encuentra interno en el penal de San Miguel, procesado por delitos de trata de personas, prostitución y otros más.

Esta misma casa fue asegurada por la Fiscalía General del Estado y por extraño que parezca, le fueron retirados los sellos e inició de nuevo labores, bajo las órdenes de Rosa María, quien volvió a ser, ¿la propietaria?

Y entonces ocurrió que todas las mujeres que ofrecen sexoservicios se fueran a esa casa, para que pudieran seguir con sus actividades.

Bajo la protección de ese alto funcionario, a través de esta mujer.

Y actualmente esta casa funciona como un centro de renta de mujeres de todo tipo de edad.

Nadie se mete con ellas ni con la casa.

Pese a que la propiedad esté totalmente insalubre.

Ni la Secretaría de Salud se acerca.

La pintura de sus muros son más bien manchas de mugre, los colchones están rotos, ahí habitan desde chinches hasta cualquier tipo de animal.

El lugar es una combinación de olores de sexo, basura, orines, etcétera.

La carta que llegó a esta columna presentando la queja, pide que se mantenga en anonimato‎.

Hasta aquí la cita, ahora le comento que la propietaria dice que tiene el permiso de la Procuraduría General de la República (PGR) para operar.

Que el gobierno de Puebla no puede cerrarla, que le hacen los mandados.

¿Será?

Nos vemos cuando nos veamos.