Por extraño que a usted le parezca, la ejecución del periodista Aurelio Cabrera, director del periódico El Gráfico de Xicotepec de Juárez, no figura en la lista de casos de informadores asesinados que son investigados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, y solo es una investigación de "personal" de la Fiscalía General del Estado (FGE), para sus ratos de ocio.

La madrugada del jueves 15 de septiembre de 2016 el periodista fue herido de gravedad por múltiples disparos de arma de fuego, cuando circulaba sobre la carretera México-Tuxpan para, posteriormente, fallecer en un hospital de la región.

Tras ocurrido el crimen, el de un comunicador, la Fiscalía General del Estado (FGE) se sacó la espina para involucrar, sin los fundamentos legales, a otro periodista y de esta manera desvió la atención nacional de lo que había sido un atentado criminal contra la libertad de expresión.

Aurelio Cabrera se especializaba en información policiaca, como la mayoría de los periodistas de Veracruz que fueron ejecutados durante la administración de Javier Duarte.

Pero a la FGE de Puebla se le ocurrió que el problema era "doméstico".

Le lavaron las manos al gobernador de Puebla para su carrera a la presidencia.

Se cuidaron de no convertirse en un estado donde la libertad de expresión es un riesgo, porque lo es.

Y embarraron de boñiga a una familia sin ser dueños de una verdad absoluta.

Como lo marca el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

A nivel nacional, pese a lo que diga el gobierno del estado, de enero a septiembre de 2016 se registraron 10 asesinatos de periodistas, uno de estos perpetrado en territorio poblano, y este último sigue impune.

Entre dimes y diretes, pero impune.

Un trabajo periodístico realizado ‎por e-consulta, basado en la organización civil Artículo 19, resalta el caso del periodista asesinado en Xicotepec de Juárez.

Cuando ocurrió el crimen este gobierno iba a quedar en evidencia por todos los casos existentes contra la libertad de expresión, no solo por hechos de violencia.

Pero la FGE se sacó de la manga el as de un descontento de dos medios de comunicación e hizo leña suficiente para desviar la atención.

Y lo hicieron.

Un crimen que debió trascender a nivel nacional quedó como un conflicto pasional periodístico.

Y nadie dijo o se atrevió a decir que el hombre asesinado era un periodista de policía, que seguía casos de narcomenudeo, robo de hidrocarburos, secuestros, extorsiones.

Se lavaron las manos y se las van a seguir lavando.

Esta administración fallece, le quedan dos meses de vida.

Nos vemos cuando nos veamos.