El líder de migrantes en Los Ángeles, California, denunció un caso de negligencia del DIF Estatal.

Y es que la Casa del Migrante Poblano, en aquella región de Estados Unidos, recibió una queja desde Puebla sobre el abuso de una menor en septiembre, sin que hasta la fecha la denuncia sea atendida.

Pero al parecer no se atendió la queja porque fue asesorada por Carlos Orea, uno de los más críticos del gobernador Rafael Moreno Valle.

A mediados del sexenio, fue el único miembro del consejo consultivo de "Mi Casa es Puebla" que renunció como miembro y líder honorario de la Mesa Directiva rechazando las políticas públicas de represión en contra de dirigentes sociales del estado.

En septiembre denunció el abuso contra una pequeñita, explotada por sus tíos, al ser abandonada por sus padres.

Al ser una familia que radica en la capital de Puebla, por medio de la Casa del Migrante Poblano, se pidió ayuda al DIF Estatal para que investigara y tomara cartas en el asunto.

Pero hasta la fecha no han salvado a la menor que prácticamente vive en un basurero, acuso el líder migrante.

El pantano del linchamiento

De nada sirvió la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el caso de los detenidos por el doble linchamiento ocurrido en octubre de 2015, en Ajalpan.

Cuatro meses más tendrán que esperar a una sentencia los detenidos del linchamiento que cimbró a Puebla.

En aquella ocasión, fallecieron dos encuestadores, quienes fueron confundidos por la muchedumbre como secuestradores de niños.

En aquel tiempo, ante el escándalo internacional, la Fiscalía General del Estado se apresuró a detener a pobladores a diestra y siniestra, dicen algunos.

Y ha sido tan mala la conformación y comprobación de las pruebas en contra de los detenidos, que uno de ellos ha logrado un amparo, mientras que los cuatro restantes ya están negociando una salida lo más pronto posible.

Como en este mismo espacio revelamos hace unos meses, no se llegará finalmente al juicio oral.

Ya se convenció a cinco imputados de declararse culpables, para que de este modo no les caiga todo el peso de la ley y ya no habría juicio sumario u oral, sino solo un procedimiento abreviado.

Así se evitará todo el trámite del juicio y el juez inmediatamente pone una sentencia al homicidio doloso.

El ofrecimiento fue que en lugar de pagar con más de 20 años de prisión, solo pasarán 8 años encarcelados, con posibilidades de salir por buena conducta.

Con el nuevo Sistema Penal se tuvo la posibilidad de negociar la sentencia, que en este caso la ley marca como 12 años el menor tiempo.

Seguiremos pendientes.