El viernes pasado, los diputados locales —paleros y morenovallistas—, aprobaron sin chistar la iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla e instaurar el nuevo Consejo de la Judicatura y con ello ampliar a cuatro años el periodo de permanencia del magistrado presidente al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano.

Esta reforma le permitirá al aún mandatario blindarse al imponer a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y mantener el estado de corrupción que impera en los juzgados poblanos, bajo la complacencia de Flores Toledano. En este espacio hemos denunciado algunos casos que existen fuera de la ley.

El 27 de noviembre de 2016 publicamos bajo el título: Corrupción, sello de la justicia morenovallista.

El juez sexto de lo familiar es un claro ejemplo de la corrupción que impera en la justicia del gobierno morenovallista.

Solapado y protegido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, el juez Julio Vargas Domínguez dicta resoluciones a su antojo y bajo cuotas económicas que él mismo establece.

Son innumerables las tropelías que este juez ha cometido.

Recientemente provocó que la menor Isabella Íñiguez fuera declarada oficialmente víctima de sustracción.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía 5956/2016/ZC, gracias al oficio exprés que giró y firmó el juez sexto de lo familiar a favor de #LordKarateca —como se le denominó en redes sociales— por sustraer a su hija por más de 72 horas, a pesar del historial de violencia familiar.

En este caso, Vargas Domínguez se pasó por alto un juicio de amparo, violando las leyes vigentes y el Código de Procedimientos Civiles, mismos que tienen que ser rectificados mediante largos procesos de amparo donde los jueces federales tienen que enmendar el juicio para luego impartir justicia.

Todos los abogados y litigantes que acuden diariamente al Juzgado Sexto de lo Familiar viven en carne propia el retraso de sus asuntos y, sobre todo, el entorpecimiento de la justicia por parte de las secretarias, que están bajo el mando de Vargas Domínguez.

También saben que algunos casos se resuelven con gran agilidad y velocidad, cuando así lo indican los secretarios del intocable presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano.

Tal es el caso del divorcio exprés del actual secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, quien se separó de Sherlyn.

El 22 de diciembre de 2014, en diversos medios locales denunciaron a este juez por favoritismo en los trámites del asunto 820/12.

Sobre el mismo, el 22 de junio de 2015 fue denunciado por María Tatiana Sánchez Limón por presunta dilación de justicia y favoritismo ante un juez de distrito a nivel federal.

Un caso más: el expediente 663/16. A pesar de que una sucesión testamentaria fue realizada en vida y ante notario público, el juez Vargas Domínguez entorpeció y dilató la resolución de la justicia.

El expediente 435/10 concerniente a derechos de convivencia, después de seis años aún no se resuelve y el Juzgado Sexto de lo Familiar lo entorpece.

El juicio 545/13, también intestamentario, no se libera y los herederos aún no pueden disponer de sus bienes, porque el juzgado una vez más vuelve a entorpecer la aplicación de justicia.

Y para colmo, el hijo de este juez, de nombre Yván Roberto Vargas Carmona, fue cesado de los juzgados itinerantes de los Centros de Reinserción Social luego de haber cometido diversos actos de corrupción.

En enero de 2014 se descubrió que el funcionario, en complicidad con su secretaria, supuestamente pedían dinero a los internos para acelerar su proceso de libertad.

Al hijo del juez sexto de lo familiar se le sigue un proceso administrativo por parte del Tribunal Superior de Justicia.

¿Será por eso que el juez Vargas Domínguez acata las órdenes a ciegas de los altos funcionarios del Tribunal?

En lo que va de la administración morenovallista han sido frecuentes las denuncias de la falta de probidad de este juez, sin embargo, se mantiene en su puesto.

Será tarea le nuevo gobierno estatal, que encabezará Tony Gali, limpiar el cochinero que impera en la justicia penal, familiar y administrativa de la entidad.