Con muchos años de atraso, el pasado martes el Congreso de la Unión dio el banderazo de salida a los trabajos, que realizarán de manera conjunta las dos Cámaras, para avalar la Ley de Seguridad Interior, que entre sus objetivos tiene la regulación específica de las Fuerzas Armadas en materia de combate al crimen.

Se trata de un tema de suma importancia y que, más allá del atraso en la actual LXIII Legislatura, que tiene casi tres meses desde que las iniciativas fueron presentadas, el tema se aborda con un retraso de más de una década.

Su ausencia fue, en buena medida, campo fértil para la fallida, sangrienta y costosa, en vidas, guerra que la administración de Felipe Calderón Hinojosa emprendió contra el narcotráfico.

Sin regulación en la materia, se envió a los militares, marinos e integrantes del Ejército, a una lucha para la que sus regimientos nunca han estado concebidos.

El resultado lo conocemos: alrededor de 150 mil muertos, corporaciones cooptadas por el crimen y violación constante a los derechos humanos de los ciudadanos, considerados "daños colaterales".

El eje de mayor importancia en esta discusión, que oficialmente comenzó este 10 de enero en la sede del Senado de la República, será garantizar el respeto a las garantías individuales, diferenciar claramente las acciones para contener los movimientos sociales y políticos, del crimen o de las verdaderas amenazas a la seguridad del país.

En el acto de inicio de los trabajos, se anunció que "el Senado de la República acompañará los trabajos y fungirá como cámara revisora –la de Diputados será la de origen- del dictamen de ley que regulará la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad interior".

Al respecto, el senador poblano, Miguel Barbosa Huerta, estableció, con cierta claridad en el tema, que esta ley debe contemplar:

1. El establecimiento normativo del regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

Es decir, señalar los plazos y las condiciones para que los elementos del Ejército y la Marina dejen de hacer labores de seguridad pública, todo luego de reconocer que por ahora, eso es imposible, por las condiciones del país.

2. Debe tener una activación claramente excepcional.

Esto significa que las Fuerzas Armadas solamente deben participar en las tareas de combate al crimen cuando se constate la "insuficiencia de las fuerzas civiles".

3. Que haya "control parlamentario, la rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades de quienes intervengan en los asuntos excepcionales a la afectación de la seguridad interior".

Planteado así, debe entenderse que el fuero militar queda anulado en estos casos.

Para el comienzo del análisis, que se dará en comisiones de San Lázaro, hay ya dos propuestas, una del Partido Acción Nacional (PAN), que llegó desde el Senado, y la otra del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Baja, César Camacho Quiroz.

Todo suena de maravilla cuando los legisladores plantean las bondades de una ley así.

Sin embargo, en este caso, nuevamente queda demostrado que en México se legisla a destiempo, cuando la realidad ha superado a las buenas intenciones.

Qué falta hace esta ley, pero no de ahora, sino desde hace casi 12 años, cuando comenzó la guerra, perdida e infructuosa, contra el narcotráfico.

¿Cuántas vidas se hubieran salvado?