La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el presente sexenio, que según sus agoreros está lleno de bondades, pasará a la historia como la dependencia donde incubó como nunca la larva de la corrupción, la componenda y la impunidad.

No hay que mirar muy atrás, y solo detenerse en el presente para advertir que los secretarios de despacho y sus subalternos encontraron en el servicio público la forma de hacer negocios millonarios, aun a costa de la sangre de inocentes.

Dos mandos bajo las órdenes del aún titular, Jesús Rodríguez Almeida, Anuar Fernández Redondo, director general de la Policía Estatal Preventiva; y Rodolfo Hernández Gaspar, subdirector de delegaciones de la Policía Vial del estado, se ocuparon de prioridades que, según su perspectiva, debían ser atendidas incluso por encima de las que son de carácter auténticamente urgente como el combate a la delincuencia: dejar pasar por carreteras del estado a comerciantes de combustible robado.

La mejor forma de cumplir esa encomienda fue retirar de la circulación, al caer el sol, a todas las patrullas por las ocho regiones en que la dependencia tiene dividido el territorio.

Los oficiales con carrera policial de Puebla saben de la maniobra delictiva, sin embargo, han decidido mantenerse en el anonimato por razones obvias.

La colusión policiaca desde quienes han ocupado altos cargos en la corporación con las pandillas que se dedican al huachicol, como se ha llamado a quienes extraen de los ductos de Pemex, es evidente aunque el secretario Rodríguez Almeida desoiga cualquier reclamo en ese tenor.

No es extraño que una actividad ilegal que arrojó ganancias en los últimos cuatro años por casi 39 mil millones de pesos, según Pemex, haya sido capaz de comprar a quienes han ocupado ese cargo en el pasado reciente.

El antecesor, Facundo Rosas, y sus subalternos, Marco Antonio Estrada López, entonces director de la Policía Estatal Preventiva; y Tomás Méndez Lozano, jefe del grupo de Operaciones Especiales (GOES) debieron salir por la puerta de atrás de la Secretaría de Seguridad Pública cuando en julio de 2015 fueron sorprendidos coludidos con los ladrones de combustibles.

El equipo de Rodríguez Almeida, el policía del que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México prescindió cuando arremetió con fuerza descomunal contra los manifestantes en diciembre de 2014, arribó a Puebla en agosto de 2015, cuando ya habían transcurrido dos tercios de la gestión de Rafael Moreno Valle.

Tampoco sorprende que en el periodo del gobernador en turno el tema de la corrupción en los mandos policiacos haya sido olímpicamente ignorado en el sexto informe de gobierno y el documento enviado a la Legislatura, plagado de números alegres y sin asomo alguno de autocrítica a la gestión que en materia de seguridad, quedó a deber.

No es la única actividad ilegal en la que los mandos a cargo de Jesús Rodríguez Almeida han sido sorprendidos.

En la entrega de mañana la historia de cómo es que Fernández Redondo y Hernández Gaspar pretenden robustecer su caja chica por un hecho insoslayable: se van de Puebla a un destino cierto que es el desempleo a partir del 1 de febrero.

Bajo la lógica de que todo suma giraron instrucciones para aplicar la máxima de que en “año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo”.