La petición del diputado priista, Javier Jiménez Huerta, de retirarle la seguridad de 16 guaruras al exgobernador Moreno Valle, podría ser vista como justa y valiente, si no fuera porque los propios diputados locales —incluidos los priistas—, quienes en 2012 fueron cómplices de este exceso decretado desde Casa Puebla.

En aquel entonces, levantamos la voz para advertir de la barbaridad morenovallista, sin que uno solo de los diputados tomara una postura crítica.

Para que no haya dudas, retomaré de mi archivo de columnas la escrita el 2 de agosto de 2012.

Escoltas vitalicios, una raya más al tigre

Lo que pudiera parecer un asunto menor adquiere proporciones mayores cuando se suma este hecho a los innumerables excesos por parte del gobierno morenovallista en lo que va de su sexenio.

Por razones más que entendibles, un gobernador requiere de un equipo de seguridad que garantice su integridad al término de su mandato. Prácticamente todos los exgobernadores gozan de esos privilegios sin que sean necesariamente considerados como excesos gubernamentales.

En los estados donde se otorga esa seguridad, solo se les proporciona por un máximo de seis años, tiempo suficiente como para resguardar la figura de un personaje que ejerció el poder con todas las consecuencias y riesgos que esto implica.

Sin embargo, la ley que los “levantadedos” poblanos aprobaron esta semana fue más allá de los límites de lo permisible y decidieron aprobar una escolta de 16 guarros para “proteger” de por vida a los exgobernadores. Nadie en su sano juicio puede justificar esta acción legislativa promovida por el “tonto útil” de Héctor Alonso, lo cual evidentemente obedece a los intereses personales del Señor de Los Cerros.

Aplicando el principio de retroactividad, esta ley beneficiará a todos los exgobernadores de Puebla, entre ellos Mario Marín, Melquiades Morales, Manuel Bartlett, Mariano Piña Olaya, Guillermo Jiménez Morales y hasta el general Rafael Moreno Valle, abuelo del actual gobernador. Textualmente, el artículo segundo transitorio de este ordenamiento legal dice: “El presente decreto le será aplicable a todos los exgobernadores del estado”.

De acuerdo con el número de escoltas contemplados por esta ley, y considerando que todos los exmandatarios solicitarán esta canonjía, el gobierno estaría obligado a pagarle a 68 efectivos, lo cual generaría un costo anual de 8.1 millones de pesos.

En medio de todo este absurdo salta un dato por demás revelador: si en lugar de gastar ese dinero en guaruras lo destinaran a los niños indígenas, estos no requerirían de las becas que hoy promueve el DIF Estatal para que los poblanos adopten a uno de estos pequeñitos.

Sin duda, este hecho es uno más de los absurdos que los diputados han avalado para complacer al titular del Ejecutivo.

Y lo peor de todo es que dicen que “¡lo mejor está por venir!”.

La cita habla por sí misma, y aunque los diputados que avalaron este dispendio vitalicio fueron los de la anterior legislatura, la realidad es que hasta los priistas la legitimaron.

Hoy que ya no es gobernador se envalentonan y se indignan algunos, pero cuando debieron manifestarse, solo levantaron el dedo para aprobar una especie de estado mayor vitalicio para Moreno Valle y sus antecesores a costa del dinero de los poblanos.

Hoy lloran como niñas lo que no supieron defender desde la tribuna.

Para eso me gustaban.