Durante seis años, pese a todas las voces de alerta y a los elementos que confirmaban el crecimiento del robo de combustible en la entidad, el ahora fiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget no movió un solo dedo, desde su posición en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

Así, durante seis años lo que inició como la ordeña hormiga de los ductos de Pemex se convirtió en una industria que hoy alcanza niveles peligrosos para la seguridad de los poblanos.

Tuvo que ser el nuevo gobernador quien obligara al fiscal Carrancá a responder a la emboscada que le costó la vida a 3 ministeriales en Atzitzintla, y solo así se sumó al trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública.

El problema es que ante la fama de fabricante de delitos, ahora surgen dudas sobre la culpabilidad, o no, del presidente municipal del PRD que fue detenido en el operativo Encrucijada, ya que podría tratarse de una más de las alucinaciones del señor fiscal.

Y por si fuera poco, desde el operativo de la semana pasada, Carrancá y su pandilla no han podido cumplimentar ni una sola orden de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda de huachicoleros.

A eso hay que sumar la ineficiencia de sus principales colaboradores, quienes por sus investigaciones mal integradas, muchos de los criminales terminan libres y absueltos.

Y peor aún, ayer mismo, Denyn Arturo N., agente del Ministerio Público adscrito al  municipio de Tecamachalco, fue detenido y sujeto a investigación luego de que fuera aprehendido en posesión de varios bidones de combustible, presuntamente robado.

En redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención del servidor público, con el argumento de que no se iban a tolerar conductas indebidas.

¿Y las pruebas de confianza para qué sirven?

Flaco favor le hace el fiscal Carrancá al gobernador Gali con su permanencia en Puebla.

Una vez más su capacidad al frente de la Fiscalía está a prueba. Ayer, a través de un comunicado de prensa, el Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos rechazó las amenazas que periodistas del área del “Triángulo Rojo” han recibido de células del crimen organizado.

El colectivo sentenció que luego del operativo en el que integrantes de grupos que extraen combustible ilegalmente fueron detenidos, integrantes de la prensa han sido amenazados de muerte.

Y ahora habrá que ver si la denuncia de amenazas a periodistas en “El Triángulo Rojo” la archiva y espera a que maten a un reportero.

Sin duda, el fiscal es parte de la maldita herencia sexenal.