Debo reconocer que cuando se detonó el tema de los 73 expulsados del PAN, estaba convencido de la complicidad entre los funcionarios del IEE y la dirigencia del albiazul.

Cuando se anuncia el proceso de destitución multitudinario de los militantes, pensé de inmediato en la colaboración del Instituto Electoral para ayudar a la dirigencia estatal a expulsar a los enemigos naturales del grupo morenovallista.

Así las cosas, Acción Nacional aseguró que la información obtenida del IEE, sobre la participación de panistas en la campaña de Ana Teresa Aranda, fue gracias a una petición de transparencia.

En respuesta, el IEE desmintió la versión, negando que los datos hayan sido entregados al partido por esa vía.

Información en poder de este columnista revela que la dirigencia estatal del blanquiazul sí solicitó la información, en apego a la Ley de Transparencia, demostrando que el IEE miente.

Aquí no hay margen para las interpretaciones, el PAN sí solicitó la información vía transparencia y el IEE faltó a la verdad.

Apenas el pasado martes, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera Serrallonga, en la Escuela Libre de Derecho reiteraba la demanda para que se limpie su imagen en el Instituto Nacional Electoral y se diga que en 2016 tuvieron una actuación impoluta, pese a los reveses que recibieron del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuestión del registro de la excandidata independiente, la suspensión de las prerrogativas al PRD y muchas omisiones.

Lamentablemente, los documentos demuestran que el órgano electoral se convirtió en una máquina de decir mentiras.

Recapitulando, el pasado 12 de marzo la dirigencia estatal del PAN anunció que serían expulsados 73 militantes por haberle dado su firma de apoyo a Ana Teresa Aranda para que fuera candidata independiente, y se asegura que algunos fueron integrantes de casilla.

Óscar Pérez Córdoba, representante ante los organismos electorales, reveló que la información se entregó vía solicitud de transparencia.

El 13 de marzo, Ana Teresa Aranda junto con su abogado Víctor León Rueda, advirtieron que el IEE violó la Ley de Acceso a la Información y presentarían una denuncia.

El 16 de marzo, Jacinto Herrera dijo que a la secretaria ejecutiva le entregaron una lista de nombres y ellos cumplieron con el trámite.

La misma versión la defendió la secretaria ejecutiva, Dalhel Lara Gómez en la Libre de Derecho y sostuvo que le dieron una lista de 73 nombres para realizar la compulsa.

Sin embargo, documentos en poder de Intolerancia Diario señalan que el Comité de Transparencia del IEE es el que entregó la información a Óscar Pérez Córdoba a petición realizada desde el 14 de noviembre de 2016, pero se concretó el pasado 14 de febrero.

El documento está firmado por la directora de Transparencia del IEE, Ivette Alquicira Fontes.

Los consejeros se quisieron lavar las manos y desviar la atención, ya que hay implicaciones de carácter penal en los hechos, como la presunta falsificación de firmas.

Otro tema es el uso de la información referente a las rúbricas de apoyo, ya que existía un proceso por la presunta falsificación de estas, por lo tanto la información debió tener el carácter de reservada, una vez que cuando resolvió el Tribunal Electoral del Estado, absolviendo a Ana Teresa Aranda, fue el 22 de febrero, lo cual indica que se entregó la información antes de que concluyera un proceso legal.

Así las cosas, hay que reconocer que esta vez la dirigencia estatal panista se apegó a la verdad y que el Instituto Electoral se convirtió en el gran mentiroso de esta historia.

Habrá que esperar para ver si todas estas mentiras se quedan en el anecdotario, o si sirven para la inmediata remoción de esta pandilla de mentirosos.

Y pensar que en esas manos está la decisión de los electores poblanos.

Por eso estamos como estamos.