Nos guste o no, hoy vivimos en los tiempos de la persecución como estrategia de gobierno.

En Veracruz, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo y por supuesto Puebla, hemos visto cómo se utiliza la estructura estatal para las venganzas políticas y personales de los nuevos mandatarios.

Independientemente de que los saqueos multimillonarios sean indignantes y que la cárcel nos suene a poco, ante las tropelías de semejantes delincuentes lo que realmente mueve a los verdugos no es la impartición de justicia, sino su sed de venganza.

No es casualidad que en todos los estados donde se realizan estas pesquisas se haya dado la alternancia de partidos.

Pareciera que una victoria electoral para los gobernadores es sinónimo de impunidad y la derrota represente un boleto directo a la cárcel.

En Chihuahua nada se había movido hasta que los medios nacionales empezaron a señalar la ineficiencia de Javier Corral, particularmente en temas de seguridad, tras el asesinato de la corresponsal de La Jornada Miroslava Breach, para que de inmediato se activaran las órdenes de aprehensión en contra del grupo del exgobernador César Duarte.

En Quintana Roo, el odio de Carlos Joaquín contra todo lo que huela a Roberto Borge no había sido suficiente para concretar las investigaciones de la fiscalía estatal, hasta que una ola de inseguridad puso en jaque al gobierno y en un suspiro aparecieron 17 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Borge.

Y en Veracruz, cada vez que le aparecen a Miguel Ángel Yunes descabezados por las calles, descubren fosas clandestinas o liberan a un “Porky”, anuncian un nuevo delito del inefable Javier Duarte, al que no le alcanzarían 500 años para purgar las penas por todos los ilícitos que le siguen sumando.

Evidentemente la persecución que vimos en Puebla contra varios de los exfuncionarios marinistas no la veremos en esta administración, número uno porque ganó el mismo grupo político, y dos porque el fiscal es el mismo del sexenio pasado.

El paraíso y el encierro son los polos opuestos que diferencian el ganar o perder una elección estatal. Quizá eso explique el derroche de recursos y el uso desmedido de las estructuras públicas en favor de los candidatos oficiales.

En política, la derrota es huérfana y la victoria tiene miles de amigos.

¿Se imaginan ustedes el escenario actual si Javier Duarte hubiera ganado la elección y en Puebla Moreno Valle la hubiera perdido?

¿Quién sería el prófugo?

El PAN también tiene su garrote

Bastó una simple declaración de respaldo hacia los 73 panistas en proceso de expulsión para que Rafael Micalco conociera el tamaño de la furia del mandamás albiazul en Puebla.

Un supuesto daño patrimonial por la compra de terrenos a precios por arriba de su costo comercial amenaza a Micalco, quien podría ser denunciado por la nueva dirigencia estatal.

Suponiendo sin conceder, que Micalco efectivamente haya comprado sin tener facultades y por arriba del precio esos inmuebles, resulta muy sospechoso que justo en el momento cuando defiende a los 73, el dirigente estatal Jesús Giles se acuerde de los presuntos actos de corrupción de Micalco, cuando en dos años guardó un revelador silencio.

¿Esto quiere decir que los expedientes los guardan para realizar un chantaje y así controlar a sus enemigos políticos?

Entones, ¿si se salen del huacal los reactivan?

Me queda claro que si Micalco no se indisciplina, la dirigencia estatal no denunciaría, lo cual implica una vulgar complicidad.

Así opera el garrote justiciero en Acción Nacional.