18, Abr 2017

Los victimarios del notariado poblano

EL AUTOR

Fernando Maldonado

La actividad notarial en Puebla se ha convertido en fuente de riqueza... para unos cuantos.

Ayer en este espacio se habló de la actividad ilegal presuntamente desatada por un grupo de fedatarios públicos que al amparo de su cercanía con el exgobernador Rafael Moreno Valle actuaron con descaro, en detrimento de ciudadanos inermes.

Y sin embargo, está la otra cara de la moneda. Fuente inagotable de dinero indebido, la de los registradores públicos, último eslabón de una larga cadena de corrupción.

Parte de los usos y costumbres del notariado en Puebla había sido la de pagar un estímulo de 150 pesos para ayudar a quien hipotéticamente se le paga un salario irrisorio, narró ayer en persona un notario a quien llamó la atención la entrega del lunes, en donde se adelanta la preparación de una nueva Ley del Notariado para frenar la rapacidad desatada entre un grupo de fedatarios.

Dijo, entre otras cosas, que desde la Secretaría de Finanzas, la Dirección Jurídica o la misma Secretaría General de Gobierno, se decidió importar a un grupo de certificadores públicos que llegaron de la Ciudad de México con una voracidad superlativa, nunca vista en la historia de la relación de un área y otra de la fe pública.

No solo no aceptaron los 150 pesos por escritura pública, sino que la incrementaron en un mil por ciento, para poner un precio de hasta mil 500 pesos, lo que significa un flujo de efectivo que va a parar al bolsillo de algún funcionario aún sin rostro visible.

Un poco para colocar en una dimensión exacta del robo impune en esas áreas de los registros públicos de los distintos distritos judiciales conviene recuperar una denuncia anónima que llegó a los correos electrónicos de diversos columnistas en 2013, en donde se alertaba de las prácticas del pago de los 150 pesos por escritura, lo que sumado daba solo por concepto de esos ingresos, 150 mil pesos al mes, de pago de mil escrituras, generadas por las notarías más productivas.

Bajo la nueva cuota exigida por los registradores, la bolsa mensual asciende a 1 millón 500 mil pesos mensuales que van a parar a diversos bolsillos. Libres de polvo, ganados al margen de cualquier actividad legal.

Así que de ser un apoyo económico para los registradores, se convirtió en una obligación que ahora los notarios deben cumplir pie juntillas por un grupo de depredadores de dinero ajeno que un mando inmoral en el gobierno que encontró la forma de tener un bono de retiro ante la muy próxima fecha de caducidad de la administración estatal.

¿Quién ofrecerá la identidad de la autoría de la llegada de los chilangos registradores que se convirtieron en los victimarios del notariado poblano?

Parabólica
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