21, Abr 2017

Un fiscal Anticorrupción manchado por Carrancá

EL AUTOR

Enrique Núñez

Uno de los personajes más oscuros del gobierno estatal en los últimos siete años es sin duda el ahora fiscal Víctor Carrancá Bourget, que por una maniobra legislativa el morenovallismo le garantizó continuar en el cargo hasta 2023.

De esta forma, el exgobernador panista logró autoblindarse de cualquier persecución penal, pero ahora esta protección se va a extender una vez que dicho personaje va nombrar al primer fiscal Anticorrupción, que estará en el cargo hasta julio de 2024.

La tarde del jueves en una conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de Coparmex, Alejandro Ríos Rippa, presumió que se entrevistó con el fiscal general de Puebla y le dio a conocer el trabajo que en la dependencia se está haciendo para combatir la corrupción; de ahí surge el voto de confianza para que nombre al nuevo fiscal Anticorrupción.

El representante de Coparmex no estuvo solo, lo acompañó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana y el dirigente de Coparmex, José Antonio Quintana Gómez, quienes en ningún momento hablaron de lo que realmente ocurre en Puebla.

Hay que señalar que el sector empresarial durante seis años fue controlado, y que las obras y contratos no se les dieron a los poblanos, pero al parecer siguen atemorizados y a disposición del morenovallismo.

Sabrán los empresarios que Víctor Carrancá abandonó sus funciones de verdadero fiscal para convertirse en defensor del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Y tal como lo escribí el 13 de marzo de 2015.

La esencia jurídica de la figura del procurador de Justicia está centrada en la representación de la sociedad en los procesos penales.

En términos prácticos, el procurador es el representante social ante cualquier conflicto en donde se presuma la colisión de un ilícito, la mayoría de las veces penal.

En esa lógica, yo me pregunto en dónde diablos se perdió el procurador General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Carrancá, cuando decidió asumir la postura de defensor jurídico del gobernador, en lugar de velar por proteger los intereses de los poblanos.

Para nadie es un secreto que Carrancá ha asumido las funciones de defensor y vocero, en lugar de proteger —como la ley lo obliga— los intereses de quienes resultaron afectados por los actos de represión en Chalchihuapan.

En estricto sentido, el señor procurador debería ser el encargado de proteger los intereses de los lesionados y de la familia del menor muerto, en lugar de estar metido en cuerpo y alma en la defensa de su jefe, el gobernador.

No es posible que la única figura de representación con la que cuenta la sociedad haya traicionado su responsabilidad legal para limpiarle la cara al principal sospechoso de la muerte del menor.

Es evidente que Carrancá dejó de ser un legítimo representante social cuando decidió defender y representar los intereses del gobierno del estado, convirtiéndose en juez y parte de un caso que indignó a la gran mayoría de los poblanos.

La función de defensor gubernamental que asumió el procurador corresponde al director Jurídico del gobierno del estado o, en su defecto, a la SGG, a través de la subsecretaría jurídica. Desde el punto que se le vea, lo de Víctor Carrancá es un acto flagrante de traición.

Sin embargo, en este gobierno de complicidades, Víctor Carrancá continúa en su cargo de procurador y es el único integrante del gobierno de Moreno Valle que continúa en el puesto donde fue designado en 2011.

De qué tamaño serán las complicidades entre el gobernador y el procurador que continúa en el cargo.

Será que convertirse en fiel servidor y defensor le permite al Víctor Carrancá protección e inmunidad.

Todo parece indicar que así es.

Después de esta obligada cita, aún quedan dudas del papel que jugará el primer fiscal Anticorrupción, designado por la personificación de la continuidad del morenovallismo.

Contracara
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