Los negocios de Rafael Moreno Valle van quedando al descubierto. Ahora se sabe que además de la deuda que generó la construcción del Museo Internacional del Barroco —convertido en un elefante blanco—, hubo una operación dirigida desde Casa Puebla para favorecer a la empresa constructora Higa, para recibir un extraordinario y suculento subsidio federal.

Una fuente reveló a este columnista que fue el hijo de un conocido notario público quien fue llamando a Casa Puebla a los diputados de la anterior legislatura para que votaran de manera urgente la Ley de los Proyectos de Participación Social.

Detrás de esta legislación, lo que verdaderamente importaba y se ocultaba no era el llamado Centro Integral de Servicios, sino el Museo Internacional del Barroco.

La ley la querían sacar por unanimidad, pero hubo un voto en contra, el del diputado Zeferino Martínez del Partido del Trabajo, quien detectó diversas irregularidades, como el hecho de un subsidio que recibiría la constructora con fondos federales, que ascendió a 500 millones de pesos.

Se dice que la lealtad de algunos diputados que fueron convencidos de las “bondades de la ley” fue bien retribuida, aunque el monto del pago de favores no superó en total los cinco millones de pesos contra lo que recibió la empresa.

Se presume que los legisladores que estiraron la mano recibieron un sobre con 160 mil pesos.

Para mayor contexto, hay que recordar que en su edición del 4 de diciembre de 2014 The Wall Street Journal señaló que el Museo Barroco de Puebla sería construido por la empresa Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa, involucrado en distintos escándalos de corrupción.

A la revelación del diario estadounidense se sumaron los cuestionamientos al manejo de los recursos públicos para la construcción del museo, que también llegaron a San Lázaro.

En el Congreso de la Unión, la entonces diputada Roxana Luna cuestionó la opacidad y el manejo de los recursos públicos federales para el inmueble, obra insignia de la administración estatal.

Hay que recordar que el museo costaría mil 390 millones de pesos, pero al final fueron 5 mil millones más.

Y la clave legal fue la Ley de Proyectos de Participación Social.

Ni más, ni menos.