El día de ayer, tras día y medio de silencio, recibí una carta firmada por el enlace de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno, en respuesta a mi columna del pasado lunes, en la que relato la forma en la que altos funcionarios del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de la SGG presionaron para que una agente de la policía no denunciara la violación de la que fue víctima, dentro de las instalaciones del Centro Integral de Prevención y Atención Ciudadana de Lomas del Mármol, las cuales fueron blanco de un robo con violencia perpetrado por 5 sujetos, dos de ellos armados.
La réplica de la SGG hace referencia a que contrario a lo que informé en esta columna, sí fue denunciado el delito y que la agente sí presentó su querella, sin que haya existido ningún tipo de prohibición de parte de funcionarios de la SGG.
Aquí la misiva aclaratoria.

“C. ENRIQUE NÚÑEZ QUIROZ 
DIRECTOR GENERAL DEL DIARIO INTOLERANCIA
P R E S E N T E

He leído su columna “Contracara” publicada el lunes 26 de junio en la cual se menciona que, tras el asalto al Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana de Lomas del Mármol y donde, presuntamente, habría sido violada sexualmente un elemento de la policía municipal que realizaba funciones de vigilancia en dichas instalaciones, un funcionario de la Secretaría General de Gobierno habría impedido al elemento ejercer su derecho a denunciar tal agresión.

Al respecto, con fundamento en lo establecido por la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica; la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, solicita, en ejercicio a este derecho, una aclaración a dicha columna. Sobre el particular, me permito señalar lo siguiente:

El 19 de junio del año en curso, misma fecha en que ocurrió la agresión, se inició la averiguación CDI: 2333/2017 AESEX, contra quienes resulten responsables de tales hechos en agravio del elemento policiaco, entre otros, uno que en apariencia podría configurar delito de violación. En la carpeta consta la entrevista de la víctima y sus dictámenes médicos y psicológicos. Ningún funcionario de la SGG prohibió el derecho de la víctima a denunciar lo sucedido. 

Asimismo, el 21 de junio de 2017 a las 12:30 horas, la C. Yrery Cruz Pérez, coordinadora del Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana de Lomas del Mármol, presentó ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada, Mesa 1 de la Fiscalía General del Estado, a cargo de la Lic. Guadalupe Pérez Espinoza, la denuncia correspondiente a los hechos ocurridos el 19 de junio del año en curso. La denuncia quedo radicada con el expediente NIC CDI – 2333/2127/AESEX; y NUC. – 17.021872.PUE.06.10.114.FGE.MP.DSE

Sin más por el momento, se solicita se publique esta misiva con las mismas características y relevancia que se le dio a la columna del 26 de junio en el medio que usted dirige, con el propósito de que sus lectores tengan una visión real sobre la información que se difunde.

A T E N T A M E N T E
FRANCISCO SÁNCHEZ CERVANTES
ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO”

Una vez cumplido el derecho de réplica, me permitiré hacer algunas precisiones.

La información publicada en Contracara el lunes pasado, está basada en datos aportados por los propios compañeros de la víctima, quienes acudieron a Intolerancia Diario en búsqueda de un apoyo para esta mujer policía a quien le ordenaron no denunciar, por órdenes de Alejandro Romero Parra.

Cruzando más datos y testimonios, se puede deducir lo siguiente: que la encargada de bajar la instrucción fue la supervisora de los Centros Integrales de Puebla y Tehuacán quien ordenó no denunciar nada hasta que Alejandro Romero dijera lo contrario.

Con lo que nunca contaron, fue que ante la prohibición, la agente se comunicó con su papá, quién decidió llevarla ante el MP, como cualquier ciudadano común, toda vez que le negaron el apoyo del jurídico del CESP y de toda la estructura del gobierno estatal.

La inesperada denuncia, generó que se iniciara una investigación por parte de la FGE, por lo que los peritos de la Fiscalía llegaron al Centro Integral a continuar la investigación, lo cual hizo imposible que se escondieran los delitos ahí cometidos.

Fue así como el CESP y la SGG se vieron obligados a denunciar el robo con varios días de retraso, lo cual explica la tardanza de la carta aclaratoria, la cual requirió de casi dos días para ser redactada.

Una vez cuadradas fechas y actuaciones ante el MP, me llegó la carta, que intenta justificar la intransigencia y falta de solvencia moral con la que se trató a esta oficial de la policía.

Y por si fuera poco, la SGG es tan “solidaria”, que al referirse en su carta al abuso que sufrió su compañera dicen: uno que en apariencia podría configurar delito de violación.

Pobres policías, ¿en manos de quién están?