Para todos aquellos que aspiran a cargos de elección popular, tienen de aquí al 8 de septiembre para lograr posicionar su imagen, sin los riesgos de ser impedidos por el INE a aparecer en las boletas de 2018.

Aunque existe confusión sobre la separación de los cargos públicos a más tardar en la misma fecha, la realidad es que no es una prohibición expresa, pero sí hay una clara limitación a los dirigentes de partidos para no aparecer en ningún spot ni campaña publicitaria, y también los funcionarios públicos para no estar presentes en ningún acto en el que se entreguen recursos, obras o beneficios de algún programa social.

Es decir, que en lugar de beneficiar, el ser dirigente partidista puede ser un lastre para aquellos que busquen alguna posición en el próximo proceso.

En resumen, estos son los lineamientos de la veda publicitaria que aprobó el INE.

1. Inicia con el arranque del proceso electoral, a partir del 8 de septiembre, cuando no podrán aparecer en ninguna propaganda, líderes, voceros o militantes partidistas con intención de postularse a algún cargo de elección popular.

2. Al inicio de las precampañas –que a nivel federal duran 60 días– pueden aparecer los precandidatos y los dirigentes que no piensen postularse a ningún cargo.

3. En intercampañas, es decir, entre precampaña y campaña, hay una veda para evitar actos anticipados. Los partidos pueden pautar anuncios genéricos donde aparecerán sólo personas, dirigentes o voceros que no serán postulados a ningún cargo.

4. Durante las campañas y antes de la veda electoral, pueden promoverse con toda libertad los ciudadanos que solicitarán el voto ciudadano.

En esa lógica jurídica, ¿a quiénes afectan de manera directa estos ordenamientos electorales?

Evidentemente, a los dos dirigentes nacionales de Morena y el PAN, quienes se han despachado con spots y campañas, con la ventaja para AMLO, quien ya logró el objetivo de ser el puntero en las encuestas.

En el caso del PRI los afectados serían todos sus aspirantes, quienes son secretarios de Estado y el gobernador Eruviel Ávila, los cuales no podrán asistir a un solo acto de entrega de programas sociales.

Es decir, que en lugar de una ventaja, ser funcionario público será una auténtica camisa de fuerza.

De ahí que no se descarten las renuncias y licencias de varios de los hoy servidores, a los que se podría sumar, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Trasladándonos a nuestra aldea, los implicados a nivel partidista son Martha Erika Alonso, quien deberá considerar su permanencia en la secretaría del CDE del PAN, y Jorge Estefan Chidiac, en la presidencia estatal tricolor, ambos con claras apetencias electorales en 2018.

Un punto a seguir como funcionarios son Luis Banck y Javier Lozano, por Acción Nacional, ya que es recurrente su presencia en actos de entrega de beneficios, con dinero público.

Mismo caso el de Juan Carlos Lastiri y de los delegados federales, como Enrique Doger, Alberto Jiménez Merino, y otros más que buscan desde la gubernatura, hasta diputaciones y alcaldías.

Para Morena, Puebla no es un problema, porque sus dirigentes no están en la disputa de las dos principales candidaturas, aunque deberán tomar precauciones por su eventual aparición en las boletas para diputados.

De los aspirantes a gobernador por Morena, prácticamente todos tienen cargo, aunque el único con manejo de recursos públicos es José Juan Espinosa, mientras que Luis Miguel Barbosa, Alejandro Armenta y Rodrigo Abdala —por obvias razones— no son invitados a ningún acto de entrega de programas sociales.

En conclusión, si deciden mantenerse en sus cargos, deberán estar conscientes que si cometen cualquier error podrán decirle adiós a la candidatura.

La lupa estará puesta sobre ellos.

¿Resistirán la tentación?

Veremos y diremos.