Esta semana será categóricamente decisiva en el futuro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la posibilidad de que permanezca o salga de Los Pinos en 2018.

Los priistas se juegan todo en las determinaciones que tomen en las cinco mesas temáticas —Visión de Futuro, Rendición de Cuentas y Ética, Declaración de Principios, Programación de Acción y Estatutos—, para llegar con dictámenes planchados a la plenaria de la XXII Asamblea Nacional que se realizará el próximo 12 de agosto en la Ciudad de México.

Los cambios a los documentos básicos del tricolor perfilarán su estrategia en las elecciones más complicadas que haya enfrentado; el esquema interno con que pretende castigar a sus representantes que incurran en corrupción; su definición sobre los gobiernos de coalición y, el más importante, las reformas a sus estatutos para permitir un perfil ciudadano como candidato presidencial, son los temas medulares.

Este último será el asunto más debatido y encontrará definición en la Mesa de Estatutos que se realizará a partir del próximo miércoles en Campeche.

La línea aparentemente es apoyar el cambio a los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México, para lo que actualmente es indispensable tener 10 años de militancia en el tricolor y la condición de cuadro.

Eso significa haber ocupado alguna candidatura a cargos de elección popular y una dirigencia partidista, de sus sectores o movimientos.

Esos candados estatutarios impiden, así como están, la posibilidad de que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, sea postulado en la boleta a Los Pinos en 2018.

Al quitar los candados, se abriría a puerta de par en par para que Meade se convierta en el abanderado del tricolor.

Esa posibilidad por supuesto no gusta a los seguidores del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en las mediciones demoscópicas es el aspirante más competitivo del PRI. Aunque también tiene altos negativos.

El asunto no es menor ante el debilitamiento y mala imagen que como partido enfrenta el tricolor entre los potenciales votantes.

La última encuesta del diario Reforma lo colocó apenas con 17 por ciento de las preferencias, lo que se traduce en una condición de previsible derrota en las urnas el próximo 1 de julio de 2018.

La apuesta pareciera clara desde el grupo en el poder: lanzar a un candidato con un perfil ciudadano, que pueda amortiguar el desprestigio que como partido enfrenta el Revolucionario Institucional.

Sin embargo, las previsiones numéricas evidencian que eso por sí solo no es suficiente. De ahí que en el tema de la estrategia, el PRI deberá también dibujar un escenario de posibles alianzas que le permitan sumar votos y fuerza.

Otro punto con el que el tricolor espera ganar simpatías es una contundente política interna anticorrupción. La creación de mecanismos e instancias partidistas con las que se pueda llamar a cuentas a legisladores, funcionarios y gobernantes de los tres niveles que hayan incurrido en prácticas ilegítimas e ilegales, además de las que de por sí están estipuladas en las materias civil y penal.

En la XXII Asamblea Nacional el PRI se juega todo y además tiene el tiempo en contra, pues el proceso arranca el próximo 8 de septiembre.