El dolor de miles de ciudadanos que salieron a las calles a manifestar su indignación y miedo por vivir en un país que los hace sentirse altamente vulnerables, debe ser el móvil para dar pasos reales en la lucha contra la violencia que genera nuestra descomposición social.

La pérdida de la vida de una joven universitaria debe ir más lejos de la indignación en redes sociales o la participación en una marcha dominical. Este alto costo debiera generar la conciencia de todos quienes formamos parte de una sociedad quebrada.

Y aquí entramos todos.

¿De qué nos sirve que el gobierno le cancele la concesión a Cabify si siguen en circulación otros tipos con la misma mente depravada de Ricardo Alexis?

Esto que sucedió a través de un servicio de Cabify, lo mismo pudo pasar a Uber, o a cualquier otra plataforma de servicios similares.

Tipos enfermos como el autor de este feminicidio pueden ser operadores de taxis sin mayores controles y requisitos que el de tener una licencia vigente de chofer.

Pero, ¿qué hubiera sucedido si Ricardo Alexis no hubiera sido chofer Cabify y en un taxi se hubiera ido a la caza de una joven en la zona de Cholula?

Probablemente no habría sido Mara, pero sí cualquier otra joven, con la diferencia de que hoy andaría libre, habiendo logrado el crimen perfecto.

¿Cuántos casos sin resolver sobre asaltos y violaciones en taxis existen en los archivos de la Fiscalía?

Sin los controles de la plataforma, hoy Ricardo Alexis andaría libre, planeando su siguiente crimen, porque no habría ninguna prueba de su recorrido y de sus registros personales.

Evidentemente, estas empresas deberán reforzar sus medidas de seguridad, pero ¿cancelando sus concesiones vamos a evitar más feminicidios?

¿No es más importante declarar la Alerta de Género para trabajar en conjunto, autoridades y sociedad en el fondo del problema?

En Puebla tenemos un retraso generado por un fiscal que piensa que poniendo mil trabas en las agencias del MP para que los ciudadanos no presenten denuncias y así bajar los índices delictivos es el camino para asegurar que vivimos en un estado seguro.

Por increíble que parezca, el viernes pasado, el fiscal Víctor Carrancá salió a anunciar la investigación, colgándose una medalla, como si confirmar un feminicidio más significara un triunfo.

O acaso, ¿pretenderá Carrancá que olvidemos las 50 mujeres desaparecidas durante el sexenio morenovallista?

Son cifras que están en la página creada por la Secretaría de Gobernación Federal.

De acuerdo con el programa de mujeres y niñas desaparecidas “Dar Contigo”, cincuenta féminas que desaparecieron entre 2011 y 2016 en Puebla continúan sin ser localizadas, por lo que nuestro estado es considerado como uno de los más violentos para las mujeres.

En el sexenio anterior, se reportaron en Puebla 400 desapariciones de féminas, de las cuales 50 continúan sin aparecer.

Aquí el link de la página oficial de la SEGOB

Las edades de la mayoría de las mujeres que desaparecieron, se encuentra entre los 12 y los 35 años. Se cuenta con las 50 fichas de localización, sin que hasta el momento se tengan reportes para dar con su paradero.

Esa es la preocupante realidad de un estado abandonado durante seis años por un gobierno cuyo fiscal General sigue en funciones, encargado de cuidarle las espaldas al exgobernador y al que no le preocupa ni la violencia, ni la descomposición social de nuestro estado.

Por eso estamos como estamos.