La historia del fiscal Víctor Carrancá se oscureció aún más, cuando decidió responsabilizar a la empresa Cabify por haberle dado empleo al presunto asesino de Mara Fernanda Castilla, pese a contar con antecedentes como huachicolero.

En información proporcionada por la propia Fiscalía, se asegura que Ricardo Alexis Díaz tenía antecedentes al haber sido detenido por la presunta comisión del delito de robo de combustible.

Lo que no dijo el inefable fiscal Víctor Carrancá es que fue su propia dependencia la que emitió 28 días antes del homicidio de Mara Fernanda, una Carta de NO ANTECEDENTES PENALES en favor del propio Ricardo Alexis Díaz.

De ahí la gravedad del asunto, la Fiscalía General del Estado, es la institución que debió alertar de la dudosa integridad de este sujeto al momento de extender el documento.

En otros estados, las cartas que emiten sus Fiscalías, después de decir que el solicitante no cuenta con antecedentes penales, agregan un anexo diciendo —cuando es el caso— que está sujeto a un proceso por determinado delito.

Una vez que la empresa Cabify hizo pública la carta, la Fiscalía General del Estado intenta defenderse, argumentando que Ricardo Alexis no ha sido sentenciado por ningún delito, por lo que la carta está apegada a la nueva ley penal, bajo el principio de presunción de inocencia.

Si ayer el fiscal Carrancá hizo público el historial delictivo de este asesino, es porque ellos mismos lo detuvieron y si andaba suelto seguramente es —como en muchos otros casos— porque no integraron correctamente su expediente.

Si este tipo pudo entrar a trabajar como chofer de Cabify, es porque la FGE no hizo su trabajo y además le extendió la carta que le abrió las puertas de esa empresa.

Partiendo de esa base, surgen varias interrogantes:

¿De qué diablos sirve una Carta de no Antecedentes Penales, si no consideran a los detenidos, ni a los procesados?

¿Para qué la piden como un requisito, si en ese margen pueden infiltrarse perfiles asesinos?

¿Quién es más culpable, Cabify por dar como bueno un documento oficial, o la Fiscalía por emitirle la carta al hoy homicida?

¿Qué ayudaría más, cancelarle el permiso a Cabify o destituir a Carrancá?

De tan obvias, omito las respuestas.

La Alerta, ¿por qué hasta ahora?

Pasaron dos años desde que la diputada Geraldine González Cervantes, presentó un exhorto al Congreso, para que este pidiera a la Comisión de Derechos Humanos, que solicitara a la Secretaría de Gobernación Federal se declarara la Alerta de Género en algunas regiones del estado, para que algunos oportunistas diputados despertaran. En ese entonces, sólo dos diputados hicieron eco, y los demás temieron que se enojara su jefe, el entonces gobernador.

Las descalificaciones no tardaron en llegar, prácticamente se les marginó a los 3 legisladores por advertir lo que la mayoría no quería ver, y entonces salieron en defensa del gobierno morenovallista, minimizando los hechos.

Algunos legisladores mostraron su ignorancia, como Lizeth Sánchez del PT, quien dijo que declarar la Alerta de Género ahuyentaría al turismo en Puebla, imaginando que iban a sitiar el estado para que nadie molestara a las mujeres.

En el transcurso de los dos años se advirtió que la violencia crecía, pero todo se buscó maquillar. El pasado 7 de junio, ya con decenas de feminicidios, así como medio centenar de desaparecidas en seis años, los mismos diputados, Geraldine González, Socorro Quezada, Julián Peña, y con la suma de José Ángel Pérez, insistieron en pedir un reporte de las acciones para cumplir con las recomendaciones de Conavim y en caso de no estar satisfechas, la demanda sería la Alerta de Género. Sobra decir que nuevamente no hubo respuesta.

Los reporteros en el Congreso ese día comprobaron que era más importante el punto de acuerdo de la diputada Silvia Tanús para quitar un semáforo en la Vía Atlixcáyotl, mismo que fue apoyado por la mayoría, que el hablar sobre la violencia de género.

Ahora, la misma diputada que dio prioridad a que se quitara un semáforo en la Atlixcáyotl, y quien la semana pasada se destapó como aspirante al Senado, es quien solicitó ante Derechos Humanos, que pida a Gobernación Federal, se emita la Alerta de Género.

Hay que señalar los nombres de quienes votaron en la primera ocasión para bloquear la Alerta de Género, lamentablemente hay mujeres: Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Evelia Rodríguez García, así como Rocío Aguilar Nava. Además, votaron en contra los diputados Cupertino Alejo Domínguez, Sergio Moreno Valle Gérman, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Franco Rodríguez Álvarez.

Ellas y ellos son nuestros valientes diputados.

Por eso estamos como estamos.