Apenas ayer se mencionaba en este espacio un feminicidio más en Tecuanipan, el de Iraís, una maestra de bachillerato que también trabajaba como taxista y que se convirtió en el número 84 de este año, de acuerdo con los recuentos de organizaciones de la sociedad especializadas en violencia de género. También cuestionamos el papel del fiscal, Víctor Carrancá, que poco o nada ha hecho para esclarecer la mayoría de los asesinatos de mujeres en Puebla.
Sin embargo, pareciera que el fiscal carnal tiene un manto protector en diversas esferas, entre ellas, la de los diputados locales que se oponen, una y otra vez, a que el funcionario entregue un informe con el número de feminicidios cometidos Puebla desde el 2014 a la fecha, y el total de sentenciados por este delito.
La iniciativa para exigir cuentas a Carrancá fue presentada por la diputada, Geraldine González, quien a través de un Punto de Acuerdo explicó la urgencia de estos datos ante la situación de riesgo que viven las mujeres en la entidad. Sin embargo, los diputados de la Comisión Permanente, buscaron –y encontraron– las trabas burocráticas legales para impedir que esto ocurriera.
El argumento del diputado, Ignacio Mier Bañuelos, fue que el Punto de Acuerdo se enviaría a comisiones y que se daba un plazo de dos semanas para que se determine si procede o no el exhorto de la legisladora.
Como el lector verá, Ignacio Mier, le quiere ver la cara a los ciudadanos. En la solicitud solo se está pidiendo que se informen números, de feminicidios, de detenidos, de sentenciados; más no las carpetas de investigación de los más de 80 casos que se viven en Puebla solo en este año.
¿Para qué piden los legisladores dos semanas cuando se trata solo de avalar la solicitud de información? ¿Acaso los diputados necesitan quince días para redactar un oficio que bien puede hace cualquier secretaria del Poder Legislativo?, son preguntas, que conste.
En poco tiempo llegarán las campañas de 2018 y será momento para cuestionarles a las diputadas Carolina Beauregard Martínez (PAN), Evelia Rodríguez García (CPP) y Lizeth Sánchez García (PT), por qué retrasaron la petición de información que ayudaría, en principio, a conocer el diagnóstico oficial de los feminicidios en Puebla.
También habrá que exigirles cuentas a los diputados Cupertino Alejo Domínguez (NA), Ignacio Mier Bañuelos (PRD), Pedro Antolín Flores Valerio (PAN), así como Francisco Jiménez Huerta (PRI); quienes con su voto protegieron al fiscal carnal.
El reclamo social en el tema de los feminicidios es latente, en la sesión de la Comisión Permanente se escuchó la voz de una reportera quien dirigiéndose a los diputados exclamó: “Por favor, voten sin miedo”, pero pudo más el afán de los diputados por blindar al fiscal que el combatir la violencia de género que azota a Puebla.
